El pasado 14 de mayo el Ejecutivo central, los gobiernos autónomos de Castilla y León y el País Vasco y los municipios representados por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares firmaron "el Protocolo de Actuación que refleja el compromiso expreso de las diferentes Administraciones para realizar un trabajo conjunto en la elaboración del Convenio de Transición Justa para Garoña". Y ayer, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inició el proceso de participación pública que permitirá a los agentes sociales y económicos de la zona afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) contribuir de forma activa en la elaboración del Convenio de Transición Justa. El periodo para enviar aportaciones finalizará el 20 de junio.
El documento informativo que el ITJ ha enviado a todos los actores concernidos contiene "la delimitación, caracterización y diagnóstico preliminares del área afectada por el cierre de esta central nuclear para que conozcan el procedimiento y puedan encauzar sus aportaciones". No obstante -destacan desde el Ministerio-, se trata de un proceso transparente "y abierto a las contribuciones de cualquier entidad o particular".
Según el ITJ, la participación pública permitirá la identificación de proyectos para la reactivación económica de la zona y constituye la base para la elaboración del Convenio de Transición Justa que incluirá las mejores propuestas, seleccionadas a partir de su capacidad de generar y fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo.
"Este hito -señala el Ministerio- cobra especial sentido para los 27 municipios que han sido incluidos en su zonificación preliminar, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León (en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro) y los tres municipios restantes al País Vasco".
El Gobierno explica los Convenios de Transición Justa
Los Convenios de Transición Justa son el procedimiento establecido por el Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Transición Justa, para impulsar la generación de alternativas económicas en las comarcas afectadas por la transición energética. El Gobierno central destaca en este sentido que "España es el primer país del mundo en incluir a los municipios afectados por el cierre de centrales nucleares en las zonas de transición justa".
El Convenio se propone incluir "iniciativas y proyectos adecuados al territorio en términos ambientales, sociales y económicos activando la transición ecológica en cada punto y las fuentes de financiación y de apoyo económico adecuados en cada caso".
Los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos, incluyendo a las Administraciones públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales, pero también a universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas. Se trata de aunar la participación social con la profesionalización de los procesos
Las aportaciones podrán remitirse a la dirección de correo electrónico Convenios_Transicion_Justa@tragsa.es hasta el 20 de junio de 2021.
Toda la información sobre los procesos en marcha para la elaboración de Convenios de Transición Justa puede leerse aquí.
54 años después
La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi. Y, según señala Greenpeace, sufría problemas de agrietamiento, en su sistema eléctrico, de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.
La planta cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa decidió unilateralmente cesar su operación en diciembre de 2012. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de esa decisión.
Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar. El Gobierno publicó en el verano de 2013 la Orden IET/1302/2013, de 5 de julio, "por la que declara el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña".
