El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión

El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA) para el periodo 2005-2007, con rango de Real Decreto, junto con el Real Decreto Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, aprobado por el Gobierno la semana pasada, y por el que se adapta a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea 87/2003, tiene por objetivo contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, cumpliendo el compromiso asumido por España en el Protocolo de Kioto.

Ambas normas servirán para poner en marcha el mercado europeo que se iniciará el 1 de enero de 2005, y que afectará de lleno a sectores económicos como el industrial o el eléctrico. El PNA ha sido elaborado por un Grupo Interministerial en el que han participado los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio, Vivienda y Agricultura. Además, durante su elaboración se han celebrado numerosas reuniones con todos los agentes implicados y ha sido informado, como es preceptivo, por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.

Del mismo modo ha sido presentado ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente e Industria, y el Consejo Nacional del Clima y ha sido objeto de trámite de información pública entre los días 8 y 19 del pasado mes de julio. Durante este trámite se recibieron más de 300 alegaciones.

1.066 instalaciones implicadas
De acuerdo al Anexo I de la Directiva europea y al Real Decreto Ley, el régimen de comercio de derechos de emisión se aplicará, en el periodo 2005-2007, a las emisiones de dióxido de carbono procedentes de instalaciones que desarrollan las actividades de: generación de electricidad, el refino, la producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel, papel y cartón.

El Gobierno ha identificado 1.066 instalaciones incluidas en el PNA. De ellas 192 corresponden al sector de generación eléctrica, 10 a refino, 33 a siderurgia y coquerías, 36 a cemento, 26 a cal, 34 a vidrio, 309 a ladrillos y tejas, 20 a azulejos y pavimentos cerámicos, 21 a fritas y esmaltes, 151 a papel y pasta y 234 son cogeneraciones de más de 20 MW de sectores distintos de los anteriores.

Según informa el Ministerio de Medio Ambiente, "la reducción en el número de instalaciones incluidas respecto al borrador del PNA sometido a consulta pública (1.097) se debe a la exclusión de pequeñas instalaciones del sector cerámico, atendiendo a la solicitud del propio sector. Esta posibilidad está contemplada en la Directiva, y ha sido igualmente aplicada por otros países comunitarios".

Las instalaciones incluidas en el PNA disponen hasta el 30 de septiembre para solicitar la autorización de emisión (a la comunidad autónoma correspondiente) y la asignación individualizada de derechos de emisión (al Ministerio de Medio Ambiente).

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que, según los cálculos de su Ministerio, "el coste para toda la industria afectada estará en torno a los 85 millones de euros anuales, lo que supone un 0,01% del valor añadido de los sectores implicados". Narbona comparó esos 85 millones con los 5.300 millones adicionales gastados durante este último año por la subida del precio del petróleo, "por tener un modelo energético cuya dependencia del petróleo se ha incrementado sustancialmente en los últimos ocho años".

Cabe recordar que la patronal de los empresarios calificó el borrador del PNA de "lesivo e injusto" para la economía española, al tiempo que algunas consultarías cifraban el coste del mismo, hasta 2012, en 15.000 millones.

Derechos de emisión asignados
El Gobierno ha establecido como objetivo que las emisiones en España, en el periodo 2005-2007 se estabilicen en la media de las emitidas en los últimos tres años para los que existen inventarios oficiales (2000-2002), con un incremento adicional del 3,5% de las emisiones de CO2 en los sectores afectados por la Directiva para nuevos entrantes.

El esfuerzo adicional necesario, para cumplir tanto con Kioto como con la Directiva, tendrá que hacerse en el periodo 2008-2012. Al final de este periodo, las emisiones no deberán sobrepasar un 24% más de las emisiones del año 1990. Este porcentaje se alcanzará sumando el objetivo de limitación de Kioto (15%) a la estimación de absorción de sumideros (un máximo de un 2%) y los créditos que se puedan obtener en el mercado internacional (7%).

Para ello, el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión para el periodo 2005-2007 mantiene un reparto del esfuerzo de reducción entre los sectores de la Directiva y los no incluidos (transporte, residencial, etc.) en base a su parte correspondiente en las emisiones globales del país, y que se reparte en un 40% y un 60% respectivamente. Ello supone, para las emisiones globales del país, un objetivo de 400,70 millones de toneladas de CO2 equivalente en promedio anual para 2005-2007, lo que representa una reducción de 0,2% respecto a las emisiones 2002 (401,34 millones de toneladas).

Nuevos entrantes
Para los sectores incluidos en el Anexo I de la Directiva, el Plan 2005-2007 decide una asignación, en promedio anual, de 160,28 millones de toneladas de derechos de emisión, incluyendo una reserva de 5,42 millones para nuevos entrantes (instalaciones que entrarán en funcionamiento en el periodo, pero que aún no cuentan con todos los permisos requeridos).

Esto supone una reducción respecto a los 161,25 millones indicados en el borrador sometido a consulta pública, debido a la ya mencionada exclusión de pequeñas instalaciones del sector cerámico. La reserva de nuevos entrantes se ha incrementado del 3,2% al 3,5% de las emisiones del periodo de referencia (2000-2002), y se han corregido, en colaboración con los sectores afectados, deficiencias detectadas en los inventarios.

Adicionalmente se asignan 12,03 millones de toneladas, incluyendo una reserva de 0,92 millones de toneladas para nuevos entrantes, para las cogeneraciones que dan servicio a procesos de otros sectores, como el de alimentación o química, no incluidos en el Anexo I. Asimismo, el PNA establece la metodología de asignación individualizada por instalación, tanto para las existentes como para los nuevos entrantes en el sistema en el periodo 2005-2007.

Una vez concluido el plazo de solicitud el 30 de septiembre, la asignación individualizada de derechos de emisión a cada instalación tendrá lugar en el último trimestre del año por resolución del Consejo de Ministros, previa consulta a la comisión de coordinación con las comunidades autónomas, cuya creación está establecida en el Real Decreto Ley, sometiéndose igualmente a un trámite previo de información pública.

El PNA contempla otras medidas, a modo de propuestas que deben ser estudiadas por los Ministerios competentes en la materia, para reducir emisiones de CO2 en sectores no afectados por la Directiva Europea, como el transporte, el residencial, el comercial, el institucional, el agrario y la gestión de residuos.

El Gobierno considera que "con el PNA hoy aprobado, España da un paso de gran trascendencia para el cumplimiento de la normativa europea y de los compromisos asumidos por el país en el contexto del Protocolo de Kioto".

Valoraciones positivas de los ecologistas
Greenpeace ha valorado positivamente la aprobación del PNA "por su coherencia con Kioto, a pesar de que podía haber sido más ambicioso". Para la organización ecologista, el PNA es un plan de mínimos, realista y moderado, que marca una senda clara para que España rompa con la tendencia de aumento de emisiones de CO2 y cumpla el Protocolo de Kioto.

Así mismo, los ecologistas ven con buenos ojos incorporar la cogeneración, así como la asignación del 50% de los derechos reservados a nuevos entrantes para estas instalaciones, dentro del PNA aunque critican que haya supuesto un ligero aumento del total de los derechos de emisión concedidos ya que consideran que debería haber supuesto una reducción de los derechos concedidos al sector de generación de electricidad.

Otro aspecto que convence a Greenpeace es que no se destinen fondos públicos para subvencionar a la empresa privada la compra de derechos de emisión, que no se permita la agrupación de instalaciones en el sector eléctrico ni el arrastre de derechos asignados para el periodo 2005-2007 al de obligatorio cumplimiento 2008-2012.

"Es la primera vez que un Gobierno propone un plan coherente con el cumplimiento de Kioto en España y, aunque podía haber sido más ambicioso, es urgente que se ponga en marcha", ha declarado Emilio Rull, responsable de cambio climático de Greenpeace. "El PNA marca el cambio de tendencia y debe interpretarse como un freno al crecimiento insostenible, y como primer paso hacia la urgente y necesaria reducción de emisiones".

Greenpeace considera que la reducción de emisiones debería iniciarse con anterioridad a 2008, para hacerse más gradual. Según los ecologistas, es posible lograr una mayor reducción de emisiones, por lo que el plan debería haber sido más exigente para que esas emisiones se reduzcan con medidas dentro del país, tanto en los sectores de la Directiva como en otros, para lograr el objetivo de Kioto sin depender de los
mecanismos de flexibilidad ni de los sumideros.

En este sentido, Greenpeace opina que el sector eléctrico debería haber recibido una asignación menor siendo la asignación a las centrales térmicas proporcional a la electricidad generada y no a sus emisiones; de lo contrario, se podría favorecer al carbón, que es el combustible más contaminante. De todas maneras, el PNA reparte los derechos de emisión hasta 2007 y los ecologistas esperan que los derechos que se asignen para el período de obligado cumplimiento de Kioto (2008-2012) sean más exigentes.

Una vez dado el paso de la aprobación del PNA, los ecologistas piden al Gobierno que se siga avanzando en esta línea proponiendo una serie de medidas a llevar a cabo para ayudar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estas medidas cabe destacar:

– Consolidar el sistema de primas a las renovables y aprobar una Ley General de Energías Renovables.
– Dentro del Plan de Acción 2004-2007 sobre eficiencia energética, deben tener un papel destacado los programas de gestión de la demanda eléctrica, e incorporar todas las medidas incluidas en la Estrategia Española para el Cumplimiento del Protocolo de Kioto que ya se aprobó.
– Asegurar que "mecanismos de Kioto" se usan únicamente en proyectos de renovables y eficiencia energética.
– Es urgente una reforma fiscal para gravar el derroche de energía e incentivar su uso eficiente y las energías renovables.
– Revisión del actual Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas.
– En el sector transporte, se necesita un Plan de Acción que incluya medidas como vincular los programas de renovación de la flota de vehículos al cumplimiento de niveles de emisión de CO2 cada vez más estrictos, incorporar limitadores físicos de velocidad en los vehículos, y someter a evaluación ambiental estratégica el próximo Plan de Infraestructuras y del Transporte. Se debe prohibir el uso de HFC en aquellas aplicaciones donde existan alternativas mejores, como el sector del frío.

Más información:
www.mma.es
www.greenpeace.es

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