La propuesta que plantea ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quiere adecuar la trasposición de la Directiva europea 2011/92 a nuestro ordenamiento jurídico “e incrementar así tanto la seguridad jurídica como el nivel de protección ambiental”, según explica el propio Ministerio. El documento abierto a “consulta pública” incluye un “nuevo mecanismo de garantía para aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales legales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico”. Según Transición Ecológica, esta modificación “garantizará así la adecuada trasposición de la Directiva europea 2011/92 a nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo que cualquier proyecto con potenciales impactos significativos sea sometido, al menos, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado”. La decisión -explican desde el Ministerio- responde al procedimiento de infracción que la Comisión Europea dirigió a España en 2015 y 2017, por el que solicitaba aclaración sobre los criterios utilizados para establecer determinados umbrales que permiten determinar qué proyectos han de ser sometidos a este tipo de evaluación ambiental.
Anexos
El proyecto de Real Decreto dota además a los Anexos I y II de la Ley de evaluación ambiental de una mayor coherencia y actualización, de acuerdo con la normativa sectorial vigente, la evolución de la tecnología y la experiencia adquirida durante los años de aplicación de la ley por los órganos ambientales. Para revisar en profundidad el contenido de los anexos de la Ley, el Ministerio creó un grupo de trabajo con representación de las autoridades ambientales de todas las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como con la intervención de los órganos sustantivos, con los que se han mantenido reuniones periódicas e intercambio de propuestas.
Principales modificaciones
El Anexo II de la Ley 21/2013, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, concentra la mayor parte de las novedades de este Real Decreto. Respecto al Anexo I, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, las modificaciones han sido más limitadas, ya que la Comisión no había cuestionado sus umbrales, si bien se han actualizado algunos epígrafes.
En síntesis, el proyecto de real Decreto propone eliminar el umbral y, o bien asumir la redacción de la Directiva cuando no existe motivación para su mantenimiento, o bien mantener un umbral motivado en los criterios del Anexo III de la Directiva (en normativa sectorial vigente o basado en la experiencia de los órganos evaluadores de las distintas administraciones territoriales).
“De este modo -asegura el Ministerio-, aumenta el número de proyectos con necesidad de evaluación de impacto ambiental y se garantiza que los proyectos situados por debajo de los umbrales legales no tendrán una incidencia significativa en el medio ambiente que los haga merecedores de dicho procedimiento”.
Asimismo, el documento incluye un nuevo mecanismo de garantía para aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico.
Como resultado de dicho análisis técnico y de colaboración entre los distintos agentes, los Anexos de la Ley 21/2013 contemplan actualmente 90 tipos de proyectos, en lugar de los 81 que constaban anteriormente, la gran mayoría de ellos sin ningún tipo de umbral.
Fase de audiencia pública
El proyecto será sometido a información pública y a audiencia a los sectores afectados hasta el 4 de noviembre de 2021, a través de este enlace.
