La guerra de Putin contra Ucrania tiene el suministro de gas a Europa como hilo conductor y la crisis energética y económica como consecuencia directa. La Comisión Europea, que preside Úrsula von der Leyen, se ha preocupado más por afrontar la crisis de suministro que por regular los mercados de gas y electricidad que han elevado la inflación a dos dígitos. A la crisis social y económica ha respondido el Banco Central Europeo (BCE), presidido por Christine Lagarde, con la misma receta de los “halcones” que impusieron la subida de tipos y el “austericidio” en la recesión de 2008, originada por los precios del petróleo.
“La inflación vino de la nada” (Christine Lagarde)
La insuficiente respuesta de las instituciones europeas para reformar los mercados energéticos y el hecho de que el BCE ignore la energía como origen de la inflación impiden que un proyecto, como el BarMar, resuelva el problema de la dependencia energética y de los precios del gas cuando su operatividad se aleja a 2030; todo lo contrario. No encaja en la gobernanza sobre energía y clima de la Unión Europea, porque en realidad es una iniciativa impulsada hace diez años por el sector gasista español para rentabilizar sus activos ociosos.
Alemania va por libre, a pesar de que su errónea política energética ha llevado al extremo la dependencia del gas ruso. Su gobierno ha decidido intervenir los precios de la energía con 200.000 millones de euros de deuda, promoviendo en su país lo que bloquea en la Unión Europea. El BCE ha retomado las políticas que el Bundesbank impuso en 2008 para empobrecer a la Europa del sur: subidas de tipos, estabilidad presupuestaria, recortes, desigualdad y austeridad, haciendo pagar a los consumidores la inflación que han generado sus cuantiosas ayudas a los bancos. La modificación de un mercado diseñado para mantener la dependencia del gas fósil aún no está en la agenda europea.
Las recientes declaraciones del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al “Frankfurter Allgemeine Zeitung” y “El País” no dejan dudas de que el BCE se encamina a repetir los errores de 2008. Mientras Nagel deja claro que el objetivo del BCE no es conseguir condiciones de financiación favorables para los gobiernos sino garantizar la estabilidad de precios, Hernández de Cos confirma que un impulso fiscal generalizado agravaría las presiones inflacionistas y los fondos europeos son un gran estímulo fiscal que obliga a poner coherencia entre la política monetaria y la fiscal, sobre todo en los países más endeudados, como España. Todos son halcones en esta crisis para reducir la inflación.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha avisado de que “una recesión suave no será suficiente para domar la inflación” y que “estábamos luchando contra la inflación y la inflación vino de la nada”. La guerra de Putin solo es un factor exógeno y la dependencia energética o la especulación de los mercados no es su problema. Las medidas del BCE condicionarán las que tome la Eurozona para regresar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los hombres de negro. En este escenario, la financiación del gasoducto BarMar con fondos europeos es más incierta, además de un mal precedente, igual que el futuro de la transición energética, también ignorada por el BCE.
Las interconexiones deberán demostrar su viabilidad coste-beneficio
Las condiciones para las interconexiones las establece el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, que en sus artículos 3 y 4 especifica que las decisiones sobre inversión energética deberán tener en cuenta antes el principio de “primero, la eficiencia energética” y que “toda nueva interconexión será objeto de un análisis del coste-beneficio socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los beneficios potenciales superan los costes”. La norma obliga a los gobiernos desde 2018.
El “déficit estructural del sistema gasista”, como lo definió el RDL 13/2012 que paralizó el gasoducto MidCat, se debió a la sobrecapacidad e infrautilización de las infraestructuras gasistas y la baja demanda. Esa situación se quiso paliar con más infraestructuras para exportar el gas argelino a Europa, pero todos los análisis coincidieron en que la falta de demanda lo hacía inviable y provocaría un déficit de tarifa que pagarían los consumidores. La Comisión Europea sacó el MidCat del listado de Proyectos de Interés Común (PIC) por falta de mercado y demanda de gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aplicó el mismo criterio en 2017 para informar negativamente las regasificadoras en Canarias.
¿Hasta qué punto la guerra en Ucrania hará viables nuevas inversiones gasistas? Si se analizan las lecciones de la pandemia y de la actual crisis, el sector energético convencional se va a enfrentar a una caída de la demanda y a déficits que se trasladarán a los consumidores para financiar activos gasistas varados. Cualquier inversión requeriría un estudio de demanda previo porque esta crisis ha dado la puntilla al futuro del gas. Para la Agencia Internacional de la Energía, en su informe de 2022, el gas ya no es energía de transición.
Los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan a los consumidores
Todo está atado en la regulación nacional para hacer rentable lo que en realidad no lo es. La Ley 24/2013 en su artículo 19 y la Ley 18/2014 en el artículo 61 establecen que los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladarán a los peajes. Las órdenes de peajes de cada mes de enero cargan a los consumidores los desajustes entre ingresos y costes del sistema energético sin exigir justificación o auditoría sobre sus causas.
Cualquier nueva inversión gasista repetirá el modelo del almacén de gas “Castor”, descrito en el RDL 13/2014. El marco regulatorio es el mismo y en cuanto se consideren infraestructuras básicas del sistema serán los consumidores los únicos responsables de su financiación a través de los peajes. El déficit de tarifa vuelve a amenazar a los consumidores y es urgente trasladar a la regulación nacional la exigencia del análisis coste-beneficio y del principio de “primero, la eficiencia energética” antes de decidir nuevas inversiones energéticas para evitar otro déficit astronómico como el de “Castor”. Aunque eso es lo que debería hacer la CNMC.
