El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presentó, a principios de enero, el documento «Propuestas para la reforma del mercado mayorista español». Ese documento, que suscribe también la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, plantea sacar del mercado marginalista a las centrales hidroeléctricas, "excepto las de bombeo", y a las centrales nucleares, y propone para ellas un sistema de fijación de precio que pasaría por abonar sus "costes de producción, tasas e impuestos, más una rentabilidad razonable". El modelo sería semejante al que se le aplica a muchas instalaciones renovables. Con ello se evitarían -sostienen los ingenieros- los "excesivos beneficios" que obtienen esas tecnologías. La idea sería determinar con precisión cuánto cuesta generar un megavatio hora en una central nuclear, cuánto cuesta generarlo en una central hidroeléctrica, añadirle a ese "cuánto" las tasas e impuestos que pagan ahora mismo esos generadores, y, una vez determinada esa cantidad, sumarle al todo una "rentabilidad razonable". El planteamiento no es nuevo. En España ya sucede con buena parte de la generación renovable. El objetivo que se plantean los ingenieros es evitar que la hidráulica y la nuclear obtengan los beneficios extraordinarios que ahora mismo estarían obteniendo.
¿Y cómo los estarían obteniendo? Pues gracias a las reglas que fijó Bruselas en el siglo pasado y que aquí asumimos a finales de los noventa del siglo XX a través de la Ley del Sector Eléctrico.
¿Por qué Bruselas propuso el mercado marginalista?
La teoría: una central de producción de electricidad que sea ineficiente ofertará a unos precios superiores a la media y nunca entrará en el mercado, porque otras habrán ofertado sus kilovatios hora a un precio menor (porque son más eficientes). Esto obligará a la menos eficiente a mejorar sus procesos. Y al revés: los productores que vendan su electricidad más barata en el mercado mayorista sí prosperarán (porque los mayoristas les comprarán a ellos sus kilovatios hora más baratos) y tendrán más beneficios que sus competidores, que no pudieron entrar porque ofertaban más caro y en la subasta los mayoristas a igual calidad compran lógicamente al menor precio. Es decir, que el mercado produce las señales que obligarán a los productores a adaptarse o perecer; a ser cada vez más eficientes o desaparecer. Y, además, el mayorista adquirirá la electricidad al precio más barato, con lo que, cuando la venda al detalle, también podrá hacerlo a un precio más bajo.
Esa es la teoría.
Y cuando todas las centrales producen kilovatios con gas (y el gas es adquirido en mercados internacionales a unos precios similares para todos), pues esa teoría puede valer. Y la central de gas más eficiente, la que es capaz de generar más kilovatios hora quemando una menor cantidad de gas (es más eficiente y por eso oferta a un precio menor sus kilovatios hora en el mercado mayorista) pues será la central que se lleve el pato al agua. Y si un competidor (otra central de gas) quiere arrebatarle mercado, pues tendrá que ser más eficiente (mejorar sus máquinas y procesos) y producir a un precio menor aún. Ello le permitirá ganar cuota de mercado y, además, el consumidor saldrá beneficiado. Eso es la teoría.
Esa manera de establecer el precio fue ideada cuando la mayoría de la potencia (la mayoría de las centrales) tenían como principal coste el coste variable: el combustible, cuyo precio varía. En 1997, cuando el Gobierno introdujo el mercado marginalista, había más de 11.000 megavatios de potencia en carbón, fuelóil y gas (combustibles cuyo precio varía), 7.500 de nuclear y 16.000 de hidráulica. Además, venían de camino 26.000 de gas (ciclo combinado), con lo que el horizonte era fuentes de electricidad con combustibles fósiles diversos (de precio variable). Y la idea era "montamos un mercado marginalista y así fomentamos la competencia entre actores -razonablemente homogéneos- y abaratamos el precio".
Además, el Gobierno estableció unas ayudas para la nuclear y la hidráulica (más de 8.000 millones de euros) denominadas Costes de Transición a la Competencia. En estos dos casos, no había coste variable reseñable, pues el agua es gratis y el uranio no está sometido a la enorme fluctuación de precios a la que sí están sometidos los combustibles fósiles.
¿Y qué pasa ahora?
Pues que nuclear e hidráulica ya han cobrado esas ayudas (para abordar su transición) y ya están amortizadas, según la mayoría de los autores. ¿Y qué más pasa? Pues que hay más de 50.000 megavatios de potencia renovable (termosolar, eólica, fotovoltaica), potencia que no había en 1997, y que no utiliza combustible alguno porque genera con el viento o el Sol.
¿Quiénes ganan?
Nuclear e hidráulica. Porque, estando ya amortizadas (gracias entre otras cosas a las ayudas que recibieron) y teniendo como tienen costes variables muy bajos (agua gratis y uranio mucho más barato que el gas), van a cobrar como el que más (gracias al mercado marginalista, en el que todos cobran el precio que marca el kilovatio hora más caro).
Y aquí los dos palos del sombrajo del mercado marginalista se caen. Ni hidráulica ni nuclear se van a ver incentivadas por la competencia a mejorar sus procesos para ser más eficientes (porque no tienen competencia, porque ya no se van a montar nuevas nucleares ni nuevas grandes presas). Ni el consumidor final va a recibir un precio más bajo, sino todo lo contrario.
El Gobierno lo sabe y por eso ha montado subastas de renovables para inyectarle más potencia al sistema pero sin que esa nueva potencia participe en el mercado (las nuevas subastas han arrojado un precio para el productor -entre 19 y 28 euros-, pero no participan de ese marginalismo que quizá tuvo sentido un día pero que hoy no hace sino inflar innecesariamente el precio).
No es el gas, ni Putin. Es el sistema.
En España, los 7.117 megavatios de potencia nuclear que hay repartidos en siete reactores pertenecen a solo cuatro empresas: EDP HC, Endesa, Iberdrola y Naturgy. Además, Endesa, Iberdrola y Naturgy son propietarias de más del 96% de la potencia hidroeléctrica instalada en el país. Según Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema eléctrico nacional, actualmente hay en el país 17.098 megavatios de potencia hidráulica. Iberdrola controla 9.715. Endesa, 4.793. Naturgy, 1.951. Entre las tres, 16.459 megavatios hidro, el 96,2% del total.
Artículos relacionados
Informe Propuestas para la reforma del mercado mayorista español (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid)
PSOE, PP, Vox y Cs dicen no a la creación de una empresa hidroeléctrica pública (23 de febrero de 2022)
