La Proposición de Ley vetada pedía el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que caduquen los permisos de explotación actualmente en vigor. El calendario de cierre previsto sería el siguiente: Almaraz I (2020), Almaraz II (2020), Vandellós II (2020), Ascó I (2021), Cofrentes (2021) Ascó II (2021) y Trillo (2024). Los motivos que argumenta el ejecutivo son económicos, lo que, según se desprende del informe, “supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios”.
Las razones esgrimidas por el Gobierno, en el informe remitido al Congreso, es la vulneración de la competencia del Gobierno en materia presupuestaria, al generar una disminución de los ingresos fiscales como consecuencia del cierre progresivo de las centrales nucleares. El Gobierno afirma que la afectación presupuestaria no se puede producir en los tres ejercicios siguientes, en los que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria, en concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El diputado y portavoz en la ponencia nuclear Juantxo López de Uralde ha declarado que "el Gobierno pasa por encima del Parlamento para impedir un debate social y político sobre el futuro de las viejas nucleares, haciendo con ello un nuevo favor al oligopolio eléctrico".
Para el portavoz de energía del Grupo Confederal y diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, el veto del Gobierno es “arbitrario y tramposo”, y lo único que pretende el Gobierno del PP es preservar la energía nuclear y que el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, no pueda decidir sobre la política energética.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha difundido hace unas horas un comunicado en el que explica que la Proposición de Ley no afecta al presupuesto en vigor, "ni a los siguientes ejercicios presupuestarios" y en el que recuerda que "la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la capacidad de veto del Gobierno es sobre proposiciones de ley que afecten al ejercicio presupuestario en vigor".
Así mismo, el Grupo Parlamentario señala que "la Secretaria General del Congreso, en un informe de noviembre de 2016, afirma que la oposición del Gobierno a una proposición de ley sólo es posible cuando implique aumento de gastos o disminución de ingresos respecto del presupuesto en vigor y no respecto de los presupuestos futuros".
Según el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, el de las nucleares "es un veto tramposo porque los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por las Cortes en diciembre pasado, afectan a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020 que es cuanto, según la proposición de ley se cerrarían las centrales de Almaraz y de Vandellós”.
La Proposición de Ley, que podría contar con el apoyo de una mayoría favorable en el arco parlamentario, también implica -explican sus impulsores- la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes y recoge la presentación de "un Plan de Transición Energética basado en las energías renovables y la eficiencia energética". Según el Grupo Confederal, el objetivo de este plan es "crear un modelo energético eficiente, sostenible y competitivo, que contribuya a la lucha contra el cambio climático, impulse el cambio de modelo productivo y genere empleo".
