El Gobierno de España -dice el comunicado- estudia recurrir el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (Ciadi) que estima parcialmente la demanda de los inversores Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias para las tres instalaciones termosolares derivadas de la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014. Según el Ejecutivo, este laudo solo se refiere -"única y exclusivamente", recalca el Gobierno- a las tres plantas termosolares de los demandantes "y en atención a sus particulares circunstancias" (el laudo viene a decir que la reforma ha causado a sus titulares un daño excesivo).
Singular
"Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento -insiste el Ejecutivo-, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes". En ese sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy sostiene que "cada procedimiento arbitral es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados. De hecho, hasta la fecha -continúa-, se ha producido un desistimiento en un arbitraje y, en los dos arbitrajes en materia de renovables que han sido resueltos expresamente, los laudos han dado la razón al Reino de España de manera contundente" (cuando se hicieron públicos esos laudos, el Gobierno sí que estuvo de acuerdo con ellos, a diferencia de lo que expresa ahora en este caso).
128 millones de euros
El arbitraje ahora resuelto estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, condenando "al Reino de España", o sea, a todos los contribuyentes, al pago de 128 millones de euros más intereses. A pesar del varapalo judicial, el Ejecutivo Rajoy sostiene que el laudo "no cuestiona" la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014, reforma que asegura permitió acabar con el déficit de tarifa. Y efectivamente el Ciadi no valora si fue apropiada o no esa reforma para acabar con ese problema. Lo que hace es condenar a España a indemnizar a unas empresas que sufrieron la aprobación de unas normas que entrañaban recortes -en cuanto a sus retribuciones- de carácter retroactivo.
Ciadi
El fallo de este organismo internacional, que fue dado a conocer ayer a las partes, puede ser el primero de la treintena de demandas internacionales interpuestas contra el gobierno español por el recorte que aplicó al precio del kilovatio hora producido en instalaciones renovables. Si el resto de laudos van en la misma dirección, el Reino de España, o sea, la ciudadanía contribuyente, podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado es un organismo del Banco Mundial, que es la institución a la que el Gobierno de España quiso enviar al exministro de Energía José Manuel Soria cuando este tuvo que dimitir por su vinculación a paraísos fiscales (Panama Papers).
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