El Consejo de Ministros aprobó ayer un conjunto de "medidas de ámbito energético dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" en el marco del denominado "Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania". Destacan en el paquete de medidas las susodichas (más abajo las desarrollamos) y, así mismo, las de carácter fiscal, que benefician (1) a la industria gran consumidora de energía (siderúrgicas, cementeras, químicas, metalúrgicas, etcétera), a la que el Ejecutivo le rebaja en un 80% los peajes; y (2) a las empresas productoras de electricidad (el Gobierno prorroga la suspensión del "impuesto del 7% a la generación", impuesto que implantó el ministro José Manuel Soria durante el primer Gobierno Rajoy).
Las medidas de carácter fiscal benefician también a (3) los consumidores más vulnerables (el Gobierno prorroga hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC); y a (4) la ciudadanía, pues el ejecutivo mantiene hasta el próximo 30 de junio la rebaja al 10% del tipo impositivo del IVA sobre la electricidad para los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada (el IVA antes era del 21%) y el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad en el 0,5%, el mínimo autorizado por la UE (el Gobierno Rajoy lo mantuvo diez veces más alto, en el 5,1%)
Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con todo ello (con las rebajas que afectan a los consumidores con menos de diez kilovatios de potencia contratada y a los vulnerables), la carga fiscal sobre estos dos colectivos se mantiene reducida un 60%, con un impacto presupuestario de 10.000 a 12.000 millones en un ejercicio completo.
Consumidores de gas natural
Con relación a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR), se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en la fórmula de cálculo durante las próximas revisiones del 1 de abril y el 1 de julio, con la intención de contener su incidencia en la factura final de los consumidores.
Por otro lado, los consumidores electrointensivos se beneficiarán de (1) una reducción del 80% en el importe de los peajes hasta final de año, "en línea con otros países europeos", recalca el Ministerio, y se beneficiarán así mismo de (2) un aumento de la compensación por el CO2 repercutido en la electricidad. La industria también mantendrá la flexibilización de la contratación de los peajes de suministro de gas hasta el 30 de junio.
Actualización de la retribución de las renovables históricas
La norma establece una actualización anticipada y extraordinaria del régimen retributivo regulado de las renovables, la cogeneración y los residuos (ReCoRe), que otorga una rentabilidad financiera del 7,4%, que no se verá afectada. Una orden ministerial especificará el efecto sobre cada instalación acogida al ReCoRe.
Cada tres años se revisan los ingresos del ReCoRe a partir de la venta de su electricidad, con relación a unos precios de referencia establecidos al inicio del período. Si la rentabilidad obtenida es superior al 7,4%, las instalaciones abonan la diferencia al sistema; si es inferior, el sistema les compensa hasta llegar a ese nivel.
Habida cuenta de los elevados precios de la electricidad registrados en 2021 y previstos para el resto de 2022, la actualización reducirá en unos 1.800 millones los costes del ReCoRe en 2022, lo que permite rebajar los cargos en lo que queda de año un 55% por debajo del nivel anterior a las medidas para contener los precios que se aprobaron el año pasado. (Sobre el particular léase De la rentabilidad razonable de las energías renovables y la rentabilidad sin límite de otras tecnologías).
"Adicionalmente -informa el Ministerio-, a partir del 1 de enero de 2023 dejará de aplicarse este mecanismo de ajuste por la desviación de precio en el mercado". Según Transición Ecológica, el objetivo es incentivar "que las instalaciones vendan a precio a plazo su producción eléctrica renovable".
Minoración de beneficios extraordinarios
La minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas), también se prorroga hasta el 30 de junio. Además, los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores.
La medida también afectará a la energía contratada a plazo a precio fijo que tenga un precio de cobertura superior a los 67 €/MWh; en el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo empresarial se tendrá en cuenta el precio final comercializado.
Más protección de los consumidores vulnerables
El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC, respectivamente, y refuerza su protección social, con varias medidas relevantes, como la renovación automática en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos para percibirlo.
El número de beneficiarios del bono se ampliará en 600.000, hasta los 1,9 millones de hogares, al extenderlo a todos los perceptores del ingreso mínimo vital con contrato de suministro, al tomar como referencia la unidad de convivencia en vez de la unidad familiar. Los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho al bono social térmico, que cubren los Presupuestos Generales del Estado; en consecuencia, se aumenta la partida presupuestaria destinada a financiar el bono térmico hasta los 228 millones.
Por otro lado, si antes sólo asumían la financiación del bono social los comercializadores de electricidad, ahora tendrán que hacerlo todos los agentes que participan en la cadena de suministro de electricidad (producción, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos), de acuerdo con su facturación.
Fomento de las renovables y del autoconsumo
El fomento de las renovables es considerado por el Gobierno como una de sus prioridades, "y la normativa aprobada por el Consejo de Ministros incluye varias medidas al respecto, como un marco regulatorio para instalaciones fotovoltaicas flotantes, normativa para canalizaciones de gases renovables, como el hidrógeno, o la liberación del 10% de la capacidad de acceso de los nudos de transporte para que puedan absorber aproximadamente 7 GW adicionales de instalaciones de autoconsumo".
Ante la emergencia provocada por los precios energéticos internacionales, se habilita un procedimiento temporal acelerado, hasta el 31 de diciembre de 2024, para determinar la afección ambiental y la tramitación de nuevas plantas eólicas menores de 75 MW y nuevas fotovoltaicas menores de 150 MW. Estas plantas tendrán que ubicarse fuera de la Red Natura 2000 y en áreas sensibilidad baja o moderada según la Zonificación ambiental para energías renovables.
Por otro lado, entre 2023 y 2025 las empresas distribuidoras ampliarán sus planes de inversión en las redes eléctricas en un mínimo del 10% para facilitar la evacuación de nueva generación renovable de pequeño tamaño y autoconsumo.
Más gas
España ya disponía de las reservas estratégicas que otros socios europeos están empezando a constituir, de acuerdo con la nueva estrategia de seguridad energética adoptada por la UE. El Gobierno, de todos modos, ha ampliado en siete días y medio el volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos, fijando unas existencias mínimas de 27,5 días de consumo.
La reserva estratégica se mantiene en 20 días, flexibilizándose su uso: el 50% podrá liberarse por orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuando antes se requería acuerdo del Consejo de Ministros. Además, los comercializadores tendrán que disponer de 7,5 días de reservas operativas a fecha de 1 de noviembre para encarar la temporada invernal.
Otros elementos
El Plan incluye otro tipo de medidas, como la habilitación para establecer bancos de pruebas regulatorios en los que testar proyectos que faciliten la investigación y la innovación en el ámbito eléctrico; la trasposición de normativa europea para reducir la intensidad de las emisiones de CO2 de los carburantes mediante biocarburantes u otras medidas, como la reducción de la quema de antorcha en las refinerías; o el desarrollo de los criterios y reglas para la celebración de los concursos de acceso a la red eléctrica.
