En casa, el campo de juego lo marca la UE, con sus directivas no transpuestas en gran medida, y con un mercado, energético en general y eléctrico en particular, que sigue en manos de los de siempre. Los de siempre son los grandes destinatarios de los Fondos de Recuperación, que promueven hoy el discurso de la urgencia climática cuando hace unos años despreciaban (realmente, dilataban la entrada de) las tecnologías de fuente renovable. Las iniciativas que podían empezar a marcar una cierta alternativa, como las comunidades energéticas o el despliegue de autoconsumos colectivos (dos iniciativas complementarias) son también cooptadas por las grandes corporaciones. Bien por secuestro de discurso, bien por dilatación de las medidas de despliegue reglamentarias para el autoconsumo colectivo.
Justo aquello que tiene más incidencia ciudadana, hablando en clave de poder y propiedad, es lo que más se ralentiza. No ocurre lo mismo para articular grandes inyecciones inversoras en ámbitos como el hidrógeno verde. La rápida implantación de energías renovables, con la perfecta excusa del cambio climático, así como la urgencia de combatirlo a través de la descarbonización del consumo eléctrico final, está suponiendo un cheque en blanco para que los grandes operadores realicen un segundo “ladrillazo”. No es de extrañar que, desde la sociedad civil, muchas pequeñas iniciativas se opongan al proceso de “alicatamiento” de nuestro paisaje. El reduccionismo de los debates a elegir entre A y B, en el mejor de los casos, cierra y define el marco y nos distrae de los verdaderos problemas de fondo. ¿Podemos mantener este modelo social y económico tal y como lo conocemos? La respuesta que no queremos darnos ni oír es un NO rotundo.
Cuando el debate se reduce a seguir igual pero con renovables, no vemos todo el alcance de lo que debemos abordar. Apelar a un aceleracionismo desde la premisa de que cada MW de energía renovable adicional instalada reduce el impacto del cambio climático es una mirada limitada e interesada. Limitada porque habitualmente sólo mira las emisiones directas, sin atender el problema de la minería que requieren FV, eólica y vehículo eléctrico. Interesada, ya que la escala de intervención solo podrá ser realizada por quienes tengan un gran músculo financiero. Baste mirar a dónde van la mayoría de los apoyos del BEI. Necesitamos herramientas específicas para abordar los retos que se nos plantean. Y una planificación integral que no existe como tal. Relatar cuánta potencia renovable eléctrica debe haber en 2030 y 2050 no es una planificación integral. Es un proceso parcialmente sustitutivo de algunas fuentes y vectores.
Por ejemplo, no hay un plan para abordar la cuestión del transporte basado en diésel. Con una proporción de la población nada desdeñable que requiere de vehículos “viejos y contaminantes” pero cuyo poder adquisitivo no les permite saltar al esperado vehículo eléctrico, ¿dónde está el transporte público de cercanías, los sistemas compartidos? La precarización laboral global conlleva que las personas con menos recursos hagan uso de medios “precarios”, esto es, contaminantes, pero más asequibles. La reducción energética mediante el cambio edificatorio tiene semejante reto y requerimiento de velocidad que no es posible abordarlo actualmente a la escala deseada, ni se cuestiona de dónde provendrán (cuándo, cuánto ni cómo) todos los materiales precisos para dichas reformas. Baste como ejemplo la dependencia de arcillas ucranianas que las empresas de refractarios han tenido. Osadía social e institucional El cambio que precisamos requiere osadía social e institucional.
En el mercado eléctrico, necesitamos una fijación de precios que dé seguridad inversora, pero que no promueva el lucro y especulaciones desenfrenadas a los que asistimos: acaparación de derechos de acceso y conexión, por ejemplo. Necesitamos unos precios que eviten fenómenos de canibalización como el de la fotovoltaica. Debemos priorizar la generación distribuida, acelerando los trámites, priorizando las comunidades energéticas, siendo exigentes y ejemplarizantes con las distribuidoras que no cumplen plazos o se escudan en trámites sin fin ni interlocución eficaz. Esta generación distribuida no debe estar focalizada sólo en lo eléctrico sino en todos los apartados de consumo final, sobre todo en transporte y energía térmica. Es necesaria una intervención global desde el diseño de todo lo que nos rodea. Hay que diseñar una política de digitalización sensata, concentrada en las actividades esenciales de nuestra sociedad. Urge una política de transposición que otorgue seguridad jurídica y aumente la competitividad mediante la entrada de nuevos actores. Debemos dotarnos de herramientas menos asistencialistas, como el Bono Social, para atender a los casos de vulnerabilidad sin que ello provenga de las tasas al carbono (los vehículos contaminantes anteriormente mencionados) que se aplicarán a todos, pero que incidirán negativamente precisamente, sobre los más desfavorecidos. Por último, pero tal vez lo más importante, necesitamos una sociedad más despierta, que construya e imagine desde abajo. Y necesitamos gobernantes e instituciones que quieran despertar y ser valientes. Las fórmulas de siempre ya no valen.
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