Según ANAE, la propuesta de metodología de la CNE supone trasladar los mencionados costes [transporte y distribución], ahora repartidos entre término de potencia y término de energía, solo al de potencia, "lo cual elevará muy considerablemente este término". En concreto, la asociación explica que la nueva metodología "afectará primordialmente a las tarifas más bajas, esto es, las de los consumidores domésticos y pymes [pequeñas y medianas empresas] con tarifas tipo 2.x, que verán incrementar el término de potencia en cerca de un 60% de manera progresiva durante los próximos cuatro años". Según ANAE, antes de reformar la metodología de cálculo de esos costes, la CNE debería elaborar una metodología transparente de estimación de dichos costes, "que actualmente se dan por sentados: 7.000 millones de euros para el año 2013" (en los últimos cinco años, las distribuidoras -Unesa- se han embolsado, en concepto de costes de distribución, más de 20.000 millones de euros; véase página 117).
La transparencia versus PP/PSOE
La semana pasada, precisamente, y en la misma línea de apelación a la transparencia, el grupo parlamentario Izquierda Plural (integrado por los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, y Chunta Aragonesista), pidió al Parlamento, por boca de la diputada Laia Ortiz (de Iniciativa), que promoviera la realización de una auditoría energética. Ortiz dijo en el Pleno del Congreso, entre otras cosas, que hay que hacer esa auditoría porque los últimos Ejecutivos han tomado decisiones regulatorias "que han estado basadas en un cierto secuestro de los gobiernos, y hoy podemos ver cómo casi todos los ministros que han tomado decisiones sobre energía se sientan hoy en los consejos de administración de las cinco grandes empresas eléctricas". Por eso, dijo, "es importante una auditoría independiente para ver esas decisiones, qué costes y a quién han beneficiado". Solo 23 de los 323 diputados que votaron lo hicieron a favor de realizar esa auditoría (véase página 22).
