El Gobierno espera contar con sus socios habituales para superar la primera votación, la de la toma en consideración de la proposición de ley en la que se concretan. En principio, los nuevos tributos van en línea de las reivindicaciones habituales de grupos como Esquerra Republicana o EH-Bildu, por lo que el apoyo de esas formaciones parece asegurado. Además, el Ejecutivo también contaría con los votos del PNV tras haber acordado con esta formación adaptar los nuevos tributos al sistema foral propio de País Vasco y Navarra. Por su parte, el PP ha defendido la retirada de esta proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos hasta que en la Unión Europea (UE) no se haya fijado una decisión definitiva al respecto. El Partido Popular considera por otro lado que el impuesto en realidad grava cifras de negocios y no sólo los beneficios extraordinarios de las compañías.
Desde el Ministerio de Hacienda admiten que a priori no parece fácil alcanzar un acuerdo en el seno de la Unión Europea sobre el nuevo impuesto energético anunciado la semana pasada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero garantizan que, de ponerse en marcha, éste podría adaptarse a la legislación española vía enmiendas a la proposición de ley de los dos grupos que conforman el Ejecutivo de coalición.
Los nuevos impuestos fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación como parte del plan económico para afrontar los costes derivados de la crisis energética y de precios, derivada de la invasión rusa de Ucrania. Días después, PSOE y Unidas Podemos registraron la iniciativa, en la que plantean un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% sobre las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.
El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
Por una parte, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años (sobre los ejercicios 2022 y 2023) y buscará recaudar 1.500 millones cada año. Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.
Gravamen temporal a las energéticas
Por lo que se refiere al sector eléctrico, gasista y petrolero, la prestación se fija en el 1,2% de su cifra de negocios, lo que posibilita que las aportaciones de cada grupo respondan a su cuota de mercado. Por otra parte, la regla general es que se sometan a la prestación los grupos económicos que ostenten la condición de operadores principales, definidos de acuerdo con las normas fiscales, lo que incluye exclusivamente a las empresas españolas del grupo, no siendo objetivo de gravamen, por tanto, la cifra de negocios obtenida por dichos grupos mediante filiales en otros países.
Impuesto al sector bancario
En el caso de las entidades de crédito, la prestación se fija en el 4,8% de su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) más sus comisiones netas (cobradas menos pagadas). Según la proposición, se trata de partidas que permiten mantener "la debida proporcionalidad" en las aportaciones de cada grupo empresarial según su cuota de mercado. Como sucede con las empresas energéticas, se someten a la prestación como regla general, los grupos fiscales, quedando fuera del gravamen los intereses y comisiones obtenidos por sus filiales en el sector. "En el sector de las entidades de crédito es relevante conocer el peso que el gravamen supone respecto de sus principales magnitudes. Así, el impacto anual estimado del gravamen apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de crédito españolas", sostienen PSOE y Unidas Podemos en la proposición.
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