El decreto que le recorta a las compañías eléctricas en 2.600 millones de euros los denominados "beneficios caídos del cielo" (o beneficios desorbitados) será convalidado hoy previsiblemente en el Congreso de los Diputados, donde a los escaños del Gobierno (120 del PSOE y 35 de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) se sumarían al menos los de Esquerra Republicana (13), y previsiblemente EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), Bloque Nacionalista Galego (1) y Nueva Canarias (1). Además, no se descarta todavía el apoyo de Junts, el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe. Enfrente, el previsible rechazo del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), Unión del Pueblo Navarro (2) y Foro Asturias (1). Desde el PNV (6), socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, mientras que el PDeCAT sólo ha adelantado que no votará a favor.
Asimismo, las formaciones del Gobierno y sus socios rechazarán la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que no se introducirán enmiendas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha ofrecido a los grupos en su negociación plantear cambios en otros proyectos, ya que se trata de medidas temporales y ya hay tramitándose reformas en el sistema eléctrico en la Cámara.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.
Ese día, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó un precio medio de 153,43 euros el megavatio hora (€/MWh), apenas unos euros por debajo del récord alcanzado un día antes. Tres semanas después, la escalada alcanzó el jueves pasado los 288,53 €/MWh, 135 euros más.
PP y Vox
El Gobierno espera por otro lado consolidar sus apoyos en otras dos votaciones del Congreso del mismo jueves. Y es que, además del debate de convalidación del citado decreto ley, el Congreso celebra el debate de totalidad de otra de las reformas del Ejecutivo, otro recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas.
En este caso, se trata del generado por los derechos de emisión de CO2 no emitidos, y cuyo coste no asumido repercute en sus precios centrales como las nucleares o las hidroeléctricas. Se trata de un proyecto de ley aún no en vigor que el Gobierno impulsó a principios de año y que llegó a la Cámara el pasado verano. Este jueves se enfrenta a sus primeras votaciones, ya que el PP y Vox buscan tumbarlo con sendas enmiendas a la totalidad.
Los populares proponen un texto alternativo para dar la vuelta a la reforma y “colar”, en caso de que prospere, su batería de medidas para abaratar la factura de la luz, como el traspaso a los Presupuestos los costes fijos de la factura, la suspensión definitiva del impuesto a la generación, la rebaja permanente del IVA y el aumento de los ingresos en el sistema eléctrico por la mayor recaudación de los derechos de CO2.
Por otro lado, Vox plantea al Congreso directamente la devolución del proyecto, por lo que en caso de prosperar su enmienda la iniciativa finalizaría su tramitación. Esta formación lo considera una "confiscación" de beneficios por parte del Gobierno y esgrime que la medida empujaría a un "cese anticipado" de la actividad en el caso de las nucleares y "a la quiebra" a muchas de las centrales hidroeléctricas.
Sánchez aclarará “lo que haga falta” del decreto
La semana pasada, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, a la espera de una posible solución de ámbito europeo. Sin embargo, este miércoles ha lamentado como "manifiestamente incongruentes" las propuestas planteadas por la Comisión Europea, renunciando a modificar a corto plazo la regulación vigente.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado su voluntad de "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" con el fin de no perjudicar a la industria, y para "asegurar" que las compañías eléctricas no elevan su factura energética como consecuencia de las medidas, y que las plantas puedan acceder a contratos a precios "asequibles".
Ronda de reuniones de la ministra con tres eléctricas
Por otro lado, la vicepresidenta ha iniciado una ronda de contactos con las empresas eléctricas, la industria y los consumidores. Este miércoles, Ribera ha aclarado que en las reuniones ha pedido a las eléctricas "una implicación mucho más seria" para garantizar "precios estables y razonables" a la industria.
El recorte de los denominados beneficios caídos del cielo es una medida temporal, hasta marzo de 2022, que sólo tendrá en cuenta los beneficios por encima de los 20 €/MWh (que es el precio medio del gas en los últimos años) y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.
En estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.
Impuestos
El recorte de beneficios se acompaña de una nueva batería de rebajas fiscales, bajando del 5,1% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad, y prolongando hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que normalmente grava con un 7% a la generación.
También aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante el ejercicio. Todas ellas se suman a la actual reducción del IVA en vigor desde junio, que pasó a ser del 21% al 10%.
Tope del 5% a la TUR del gas
Asimismo, se limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres y se incentivan las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España, con el fin de dotarle de mayor liquidez.
Respecto a la vertiente social, se crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico para extender seis meses más la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.
La última de las ocho medidas del decreto ley hace alusión a una modificación del texto refundido de Ley de aguas, que fijará nuevas variables y reservas mínimas almacenadas para evitar impactos indeseados en medio ambiente por la gestión de las centrales hidroeléctricas, al mismo tiempo que se considera el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a dinamización de los municipios.
