"El acuerdo -explica el Gobierno- da respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año". Su objetivo final "es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social". Estas ayudas se complementarán con un plan de restauración de las explotaciones mineras, otro de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética y "la posibilidad" de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa: "estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas".
Prejubilaciones y bajas incentivadas
El pacto, en primer lugar, actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.
Los que no tienen edad para prejubilarse tendrán acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas
Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa. En particular, tendrán "acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas". Los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares a las empresas objeto de este acuerdo "también podrán formar parte de la mencionada bolsa de trabajo".
El Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. Las estimaciones iniciales realizadas por los firmantes, y a falta de concretar las empresas y el número final de trabajadores que serán objeto del acuerdo, calculan que serán beneficiarios del mismo unos 600 empleados y que el 60% los empleados podrán optar por la prejubilación. Según el Ministerio de Trabajo, en septiembre de 2018 había en España 2.168 trabajadores en el Régimen Especial de la Minería del Carbón dados de alta en la Seguridad Social (véase Afiliación a la Seguridad Social, página 29), por lo que, podrían prejubilarse 1.300 mineros.
250 millones para reactivar las comarcas mineras
El acuerdo considera "prioritario" incentivar la creación de empleo en las comarcas y municipios mineros, históricamente asociados al monocultivo del carbón y con escasa actividad empresarial alternativa. Para ello -explica el Gobierno-, se dedicarán 250 millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para financiar proyectos empresariales y actuaciones de desarrollo alternativo como (1) la mejora, restauración y revalorización de las zonas degradadas y los espacios afectados por las explotaciones mineras, incluyendo recuperaciones forestales; (2) la dotación o renovación de líneas de telecomunicación o diversificación energética; y (3) la creación de centros de desarrollo tecnológico.
Plan de Acción Urgente para Comarcas Mineras
Los 250 millones de euros contemplados en el acuerdo y el conjunto de ayudas sociales destinadas a los trabajadores se complementarán, además, con otro conjunto de medidas que se diseñarán en un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas por el cierre de instalaciones de minería. Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica abrirá próximamente un diálogo con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales de las zonas.
El plan favorecerá el impulso económico de las comarcas mineras a través de las siguientes actuaciones
1. Plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras 2019-2023, que tendrá como objetivo mitigar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo en las zonas y asegurar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera.
2. Plan de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023.
3. Elaboración de Contratos de Transición Justa para las comarcas afectadas con el objetivo de crear y fijar empleo a medio y largo plazo. Estos contratos, que se firmarán entre el Gobierno de España y las administraciones competentes, ofrecerán un acceso asistido y ágil a las ventanas de apoyo financiero disponible en la Administración General del Estado, a los fondos europeos y ofrecerán incentivos fiscales, entre otras medidas.
Captura y almacenamiento de CO2
Por último, el acuerdo dedica un apartado al potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) "como vector del proceso de transición energética justa". La fundación Ciuden se define como "el principal promotor público en España de las tecnologías de captura, transporte y almacenamiento geológico de CO2". Se da la circunstancia de que el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático -The Special Report on Global Warming of 1.5°C- alerta sobre las técnicas de captura de CO2: "la efectividad de dichas técnicas no está demostrada a gran escala y algunas pueden tener riesgos significativos para el desarrollo sostenible". (Sobre el particular, léase Diez años de fracaso para la captura y almacenamiento de CO2).
El Gobierno opina
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que “con este acuerdo, hemos resuelto la primera tarea urgente que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno. Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas".
Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio (también presente en la firma), ha expuesto que “el Acuerdo de hoy es una demostración de que el diálogo social funciona. De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos estamos esforzando por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad”.
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