El acuerdo alcanzado por el pleno del Cabildo de Gran Canaria se adhiere al adoptado la semana pasada (por unanimidad) por el Parlamento de Canarias, mediante una Proposición No de Ley (PNL) que argumentaba que el principal reto al que se enfrenta la Humanidad es la emergencia climática, como asunto prioritario para el pronunciamiento de cualquier administración. La moción destaca también que “Gran Canaria cuenta con dos de las mayores centrales térmicas de Canarias, con un impacto evidente sobre la población cercana y sobre el medio natural”, por lo que “solicitamos que se acelere el proceso de sustitución en relación directa con la entrada en funcionamiento del Salto de Chira”.
Todas las islas
La generación eléctrica convencional con combustibles fósiles tiene lugar en Canarias en las centrales térmicas de Las Salinas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura); El Palmar, en San Sebastián de La Gomera; Llanos Blancos, en Valverde, en El Hierro; Punta Grande, en Teguise (Lanzarote); Los Guinchos, en Breña Alta, en La Palma; Caletillas, en Candelaria, y Granadilla de Abona (Tenerife); y Barranco de San Bartolomé de Tirajana y Jinámar, en Gran Canaria. Todas ellas funcionan con derivados del petróleo: fuelóil, gasóleo o diésel.
Todas estas centrales -informa el Cabildo- pertenecen a Endesa, filial de Enel, compañía de titularidad estatal italiana. Esta compañía recibe una subvención del Estado español como compensación por el sobrecoste que representa la generación de electricidad en Canarias y otros territorios insulares y extra peninsulares. En 2020, Endesa percibió 1.311 millones de euros por este concepto (según los datos publicados por la CNMC), lo cual supone más de un 60% de la facturación en las islas.
