El Panel Intergubenamental del Cambio Climático define las emisiones fugitivas como “la liberación intencional o no intencional de los gases de efecto invernadero durante la extracción, el procesamiento y la entrega de los combustibles fósiles al punto de utilización final”.
El informe de Bankwatch Network, de enero de este año, concluye que “los valores de emisiones fugitivas en más de la mitad de los escenarios están alrededor del umbral del 3 por ciento definido por la Agencia Internacional de la Energía, más allá del cual el gas fósil deja de ofrecer un beneficio climático en comparación con el carbón”. Y advierten: “el análisis muestra un alto riesgo de que el gas del Southern Gas Corridor (SGC) sea tan dañino para el clima como el carbón”.
El SGC es una gran infraestructura de casi 3.500 kilómetros que pretende canalizar gas desde Azerbaiyán hasta Italia, pasando por países como Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumanía y Albania. En su reunión del pasado martes, el BEI decidió aprobar una inversión de 1.500 millones de euros para un tramo de 878 kilómetros por la UE.
Gasoducto más renovables
En su defensa de estas inversiones, el BEI subraya que como reflejo de su compromiso de apoyar tanto la energía renovable como la seguridad del suministro energético, además de esta infraestructura, conocida como Gasoducto Trans-Adriático (TAP, en sus siglas en inglés), “se aprobó la financiación de un nuevo parque eólico de 17 megavatios en Baja Austria, la construcción de una central hidroeléctrica en el río Nenskra en Georgia y proyectos de media potencia de energía renovable en África”.
El BEI, aparte de defender el gasoducto como necesario en un proceso de transición hacia una economía baja en carbono, también lo hace desde el punto de vista de la seguridad y la economía: “es necesario en un entorno en el que la dependencia de la UE de las importaciones de gas crece, en particular en Europa central y suroriental, una región que depende en exceso de un único suministro de gas”.
Proyecto para favorecer a las regiones menos desarrolladas
También argumentan que el apoyo desde la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos se basa en que las regiones de la UE principalmente afectadas son de cohesión, es decir, menos desarrolladas y por lo tanto de interés común. “El TAP ayudará a Albania a satisfacer la creciente demanda de energía a través de la gasificación y, por lo tanto, diversificará su mix energético, y tendrá un efecto particularmente positivo en la seguridad del suministro para Grecia y Bulgaria”, concluye el BEI.
Bankwatch Network considera que “desde una perspectiva climática, no se justifican la gran cantidad de recursos financieros públicos ni el apoyo político para un beneficio climático limitado”. Y añaden que “por lo tanto, el principio de precaución debe aplicarse al proyecto SGC, debido al riesgo evidente de que contribuirá significativamente a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero”.
“Innecesario, injusto, insostenible y financieramente imprudente”
Igual de tajante se mostró ayer, en el pleno del Parlamento Europeo (PE), Xabier Benito, eurodiputado de Podemos, sobre este y otras inversiones similares: "urgimos al BEI a no invertir fondos públicos en proyectos innecesarios, injustos, insostenibles y financieramente imprudentes. Convierte la financiación para el desarrollo en una ayuda pública para incrementar los beneficios del capital privado. Esto no se puede tolerar”.
En el portal Euroactiv informan de que, aunque es cierto que la Comisión Europea mantiene en una lista de Proyectos de Interés Común (PCI) al TAP por su doble condición de transición hacia combustibles más limpios y diversificación de suministro de energía, ha recibido una objeción formal contraria de un grupo de eurodiputados. “Eso significa que la lista tendrá que someterse a votación, programada para la próxima reunión del comité de energía del PE (Itre) de finales de febrero”, señala Euractiv.
