El Acuerdo -informa el Gobierno- refleja “el compromiso conjunto del Estado, de las compañías y de los sindicatos en la elaboración e implementación de los Convenios de Transición Justa para el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas”. El documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar “a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas”. Sus focos de actuación prioritaria son “el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos”. Desde la Administración General del Estado (AGE), el pacto implica la “creación de un marco para el seguimiento de los trabajadores implicados, a través del Sistema Público de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), además de planes de formación específicos y medidas orientadas a la recolocación, entre otras cuestiones”.
Las empresas firmantes se comprometen “al desarrollo de planes de acompañamiento para las zonas afectadas, aprovechando las oportunidades asociadas a las diferentes líneas de negocio que se identifiquen para cada territorio; de igual modo, trabajarán para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares”. El Gobierno reconoce que el compromiso de todos los actores en la búsqueda colectiva de soluciones de futuro para estas zonas resulta “especialmente necesario en el contexto de la crisis del Covid-19”.
Este acuerdo se suma a los protocolos de actuación que el Ejecutivo central está firmando con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos vinculados a las centrales térmicas en proceso de cierre para la realización de Convenios de Transición. Según el Gobierno, los Convenios recogerán (1) los proyectos concretos que se apoyarán en cada zona, (2) la financiación de acompañamiento y (3) un programa de seguimiento de lo acordado. El Ejecutivo recuerda que el primer paso para su elaboración es el lanzamiento de un proceso participativo en las diferentes zonas en transición. Ahora mismo, estos procesos se están realizando de forma telemática.
Toda la información y documentación relativa a los mismos está disponible en esta dirección.
1. Compromisos de la Administración central
En virtud del acuerdo firmado, los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (que dirige Teresa Ribera) y de Trabajo y Economía Social (dirigido por Yolanda Díaz) ofrecerán apoyos para la realización de los Convenios de Transición y el mantenimiento del empleo para los trabajadores afectados, a través de formación y planes de inserción. Ambos Ministerios se comprometen a trabajar en “la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, teniendo siempre en cuenta las características y las particularidades de cada territorio”.
Las características de cada zona serán igualmente consideradas a la hora de valorar las oportunidades que surjan en materia de política energética, favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a esta actividad. Entre las herramientas que se pueden activar en este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá ofrecer, mediante procedimientos como concursos, el otorgamiento de permisos de acceso a la red para nuevos proyectos renovables en las áreas geográficas donde se produzcan los procesos de cierre de centrales térmicas de carbón, tal como establece el Real Decreto Ley 17/2019, de 22 de noviembre, de medidas urgentes para impulsar una transición energética justa.
De igual modo, se podrán celebrar subastas de energías renovables específicas en estas áreas.
Según explica el Ejecutivo, estas herramientas quedarán incluidas, en su caso, en los Convenios de Transición Justa de cada territorio. Además, los Convenios de Transición Justa recogerán las medidas que tanto el Sistema Nacional de Empleo (SNE) como los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas ofrecerán a los trabajadores de las zonas afectadas. El objetivo es ofrecerles apoyo específico para su reinserción laboral en los nuevos proyectos empresariales incluidos en los Convenios. El acuerdo firmado recoge la identificación a través del Sistema Público de Información de los Servicios Públicos de Empleo de los trabajadores de las centrales térmicas y de sus empresas auxiliares como colectivo especial ligado a los Convenios de Transición Justa.
Esta identificación permitirá el seguimiento de la evolución de las bolsas de empleo de cada Convenio y la posibilidad de diseñar acciones complementarias que mejoren la empleabilidad.
A estas medidas se sumará el plan de apoyo para la formación profesional e inserción laboral para trabajadores en las zonas afectadas orquestado a través de un convenio que se firmará entre el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y el anunciado Instituto de Transición Justa (actual IRMC), que aportará financiación para la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.
2. Compromisos de empresas y sindicatos
Según el Gobierno, las empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre han remitido, a la firma de este acuerdo, un plan de acompañamiento que incluye una propuesta de nuevas inversiones en los mismos territorios, relacionadas con oportunidades de negocio en generación mediante energías renovables u otras líneas de negocio cuando resulten viables.
Contemplan el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares en las labores relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las centrales.
Las compañías prestarán su apoyo en la búsqueda proactiva de otros inversores y participarán en la elaboración de los Convenios de Transición Justa, a los que podrán aportar su conocimiento de la realidad empresarial del territorio. Además colaborarán, a través de acciones específicas, en el plan de apoyo para la formación profesional e inserción laboral para garantizar la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en las nuevas actividades.
Por su parte, para la realización de los Convenios de Transición Justa, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos en materias de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como todos aquellos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.
Comisión de Seguimiento
Las partes que han suscrito el acuerdo se comprometen a crear una Comisión de Seguimiento “que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes de la Administración General del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales y que se reunirá cada 6 meses de modo ordinario para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo, y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes”.
El Gobierno informa
El objetivo prioritario de los Convenios de Transición Justa es “el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en las comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón, a través del acompañamiento a sectores de actividad y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios y la promoción de una diversificación y especialización de la actividad económica en coherencia con el contexto socioeconómico”. Estos convenios “suponen la materialización de la Estrategia para la Transición Justa, que forma parte del Marco de Energía y Clima”.
Según el Ejecutivo, la misión de la Estrategia, que ha seguido en su elaboración las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es aprovechar los recursos endógenos del territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales, y atraer inversiones, apostando prioritariamente por sectores que presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social.
Los Convenios incluyen (1) un proceso participativo de movilización y consulta para su elaboración; (2) la caracterización, diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de las zonas afectadas por los cierres; y, cuando se hayan producido, (3) la evaluación de planes e iniciativas, garantizando la centralización de la comunicación e información entre todos los implicados en los proyectos así como la identificación de posibles inversiones, actuaciones y proyectos para la reactivación de las zonas; (4) el análisis de su viabilidad y (5) una propuesta de plan de acción.
En estos momentos, se trabaja en la elaboración de toda esta documentación y ya se han activado los procesos participativos, por vía telemática, en Aragón, Suroccidente, Valle de Nalón y Valle del Caudal, todos ellos en el Principado de Asturias. Próximamente, se iniciarán los procesos participativos en las áreas restantes: Montañas Centrales Leonesas -La Robla; Guardo-Velilla; Villablino y El Bierzo; y Garoña, en Castilla y León; Meirama y As Pontes, en Galicia; Puente Nuevo y Carboneras, en Andalucía; y Zorita, en Castilla-La Mancha.
