No ha tardado la reacción ante el anuncio del pasado lunes del Consejo y Parlamento europeos de dar luz verde a la Ley de Materias Primas Críticas, una norma que pretende aumentar la soberanía energética del Viejo Continente frente al país que controla la extracción y cadenas de suministro de la mayor parte de materias primas estratégicas para la revolución verde y digital, China, y de cuya buena voluntad depende que fluyan hacia Europa los minerales que permiten impulsar coches eléctricos y aerogeneradores, y que dan vida a los sistemas de inteligencia artificial.
Los firmantes de la carta que rechaza el texto legislativo y pide su retirada, entre los que figura Ecologistas en Acción, rechazan la ley por "su desprecio a los derechos humanos y medioambientales, y su respaldo a la ingeniería social para obtener el silencio de las comunidades". A su parecer, de aprobarse, la Ley "acelerará los procedimientos de concesión de permisos mineros, recortará la legislación medioambiental y sentará las bases para inyectar miles de millones de euros a empresas mineras especulativas social y medioambientalmente irresponsables".
Las organizaciones que suscriben la carta señalan como ejemplo a "la profunda crisis política que vive Portugal a raíz del escándalo derivado de dos minas de litio en la frontera con Galicia". En este sentido, el texto enviado a Bruselas advierte que la legislación propuesta ampliará la influencia del lobby minero erosionando la gobernanza pública, extendiendo los casos de corrupción y acentuando las asimetrías de poder. En concreto, los ecologistas aseguran que, solo en España, el Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado más de 30 casos de corrupción o falta de adecuada supervisión administrativa.
Normativa obsoleta, incluso para las potencias mineras del mundo
La carta también critica que los responsables políticos de la UE son incapaces de ver más allá la "burbuja" bruselita, que en su opinión les impide percibir "las repercusiones potencialmente catastróficas de un nuevo boom minero con una normativa obsoleta". Como ejemplo, denuncia que diversas instalaciones de residuos mineros que se están proponiendo para nuevas minas en España o Portugal "serían ilegales en países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú", grandes potencias mineras que, según los ecologistas, "han endurecido su normativa", un hecho que por otro lado no oculta un largo historial de minería ilegal e irresponsable con las comunidades locales y sus recursos hídricos para exportar estos minerales, a Europa entre otros clientes.
Además, los firmantes también censuran que la ley de materias primas críticas respalda actividades destinadas a revertir la oposición pública a determinados proyectos mineros: "promover la pasividad ciudadana ante ante actividades ilegales, daños socioambientales, corrupción y abusos laborales vulnera los principios democráticos y socava gravemente el Estado de Derecho", denuncian. Esto se ilustra, según los ecologistas, con 23 proyectos financiados por la UE por un coste total de 169 millones de euros, la mayoría con socios españoles, que entre sus objetivos tenían influir en la aceptación pública de los proyectos extractivos, aunque no concretan cuáles son.
Reducir la demanda mineral
Las organizaciones y académicas destacan, además, "la incapacidad de los colegisladores para incorporar objetivos de reducción de la demanda de materiales", una decisión que a su parecer "nos aboca hacia un aumento exponencial de la minería, no sólo en la UE sino en todo el mundo, dado que Europa acapara más del 20% de los metales y minerales mundiales a pesar de tener menos del 10% de la población mundial", sostienen.
También argumentan que "las concentraciones de minerales en los yacimientos es cada vez más reducida" por lo que "las nuevas minas aumentarán el impacto ambiental, los residuos mineros, el movimiento de tierras, el consumo energético y el volumen de emisiones", unos impactos que, históricamente, han tenido lugar "bajo normas de seguridad ambiental mínimas en operaciones low cost", especialmente en países muy lejanos -las potencias mineras citadas anteriormente-, aunque eso no lo especifica el texto enviado a Bruselas.
Por último, la carta advierte de que la aprobación de la ley europea de materias primas críticas "dará lugar a acciones legales por parte de las organizaciones firmantes", ya que la legislación propuesta vulnerará "los derechos de participación pública en la toma de decisiones medioambientales, consagrados por la Convención de Aarhus" -el convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente firmado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998- de la que son parte tanto España como la propia Unión Europea.
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