La organización ecologista española, junto a los colectivos Observatorio de Multinacionales en América Latina, el centro de documentación Cedoz, Y Retiemble, La Villana de Vallekas y Tierra y Territorio, se manifestaron ayer, junto a las representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos. Lo hicieron frente a la sede de Enagás para exigir a esta empresa que se retire del proyecto. El 20 de febrero -recuerdan los ecologistas- se cumplió un año del asesinato de Samir Flores, indígena nahua, campesino y comunicador popular de la comunidad originaria de Amilcingo, muy activo en la oposición al Proyecto Integral Morelos y conocido por denunciar los impactos de esta infraestructura.
Ecologistas en Acción acompañó ayer a Teresa Castellanos Ruiz, Samantha Cesar Vargas y Juan Carlos Flores, representantes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y Agua Morelos Puebla Tlaxcala, en su visita a España, que forma parte de su gira europea. Durante varias semanas, los activistas recorrerán diversas ciudades europeas donde se reunirán con colectivos, asociaciones e instituciones públicas. El objetivo de esta gira -informa Ecologistas- es “visibilizar su lucha en defensa del territorio frente al Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto en el que han participado las empresas españolas Abengoa, Enagás y Elecnor, las dos últimas con financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM)”.
Este megaproyecto energético incluye la construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto, una línea eléctrica y un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y que afectará a más de 80 comunidades En el Proyecto Integral Morelos participan las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás. Las dos últimas -denuncia Ecologistas- recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio. En concreto, Elecnor y Enagás recibieron en 2012 un crédito por valor de 39,7 millones de euros.
En teoría -recuerda Ecologistas en Acción-, el FIEM exige a los adjudicatarios de la financiación que certifiquen el cumplimiento de los tratados firmados por España en materia de derechos humanos, medioambientales y laborales. Sin embargo, Ecologistas ha denunciado que en el desarrollo de la obra se han producido “graves violaciones de los derechos humanos y se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas”.
Iniciado en 2011, el Proyecto Integral Morelos ha contado desde el principio con una fuerte oposición de las comunidades afectadas, que se han movilizado en defensa de su territorio y medios de vida tradicionales “en un contexto muy complicado -denuncian los ecologistas- de criminalización de la protesta, amenazas, detenciones arbitrarias, represión e incluso, como en el caso de Samir Flores, asesinatos”.
Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción: “es inadmisible que se financien con dinero público proyectos como este, que destruyen el territorio y agravan la crisis climática, y en los que no se garantiza el respeto a los derechos humanos. Tanto las empresas como las administraciones implicadas deben asumir responsabilidades”
En el marco de esta campaña, más de 60 organizaciones españolas entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, también enviaron en el mes de febrero una carta a Elecnor y Enagás, al Gobierno español, a Gobiernos autonómicos del Estado español y al Estado mexicano, exigiendo la retirada de las empresas del proyecto, la suspensión de la financiación pública a través del FIEM y la paralización definitiva del proyecto, entre otras demandas.
La organización ecologista denuncia “la creciente criminalización de las personas Defensoras de la Tierra y los derechos humanos en todo el mundo y sobre todo en América Latina, donde más de 200 fueron asesinadas en 2019 por defender la vida frente a proyectos extractivos e infraestructuras”. Además, recuerda -coincidiendo con una semana de reivindicaciones feministas- que las mujeres sufren especialmente las consecuencias de conflictos socioecológicos como el causado por el Proyecto Integral Morelos.
