En el informe del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) del CSN, se da el calificativo de “NO aceptable” a 15 de los aspectos evaluados en el emplazamiento del ATC en Villar de Cañas. Este informe es contundente y señala en el punto 1 de sus conclusiones que: “La evaluación realizada acerca de la idoneidad del emplazamiento propuesto por Enresa para el ATC concluye que no se puede afirmar que resulte idóneo”.
En un estudio encargado por la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear a una empresa de ingeniería y geológica y firmado por el geólogo Manuel Bello La Puerta, se analiza el informe y otros dos documentos oficiales del CSN, y se pone de manifiesto los enormes riesgos geológicos de ubicar el ATC en la parcela elegida de Villar de Cañas. Los más relevantes son un elevado riesgo de expansión del suelo, aparición de cavidades por la disolución del terreno y un elevado riesgo de contaminación de los acuíferos.
En sus conclusiones, Manuel Bello afirma que “una vez analizados en profundidad los documentos del CSN, tanto los elaborados directamente como el encargado a la empresa URS, se puede concluir que hay evidencias suficientes para afirmar que si se construye el ATC en los terrenos designados, se estarían poniendo en un riesgo inaceptable a las personas y a la biosfera”.
Suspensión definitiva
Para el Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción y la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y, por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras) a sabiendas de que con su decisión ponían en enorme riesgo a toda una comarca.
Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA), lo que no puede ser de otra manera puesto que los terrenos están protegidos como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el 12 de octubre pasado.
El MIA considera que ya no hay razones objetivas que justifiquen la necesidad de un ATC: “El mantenimiento de este proyecto se sustenta, sobre todo, en la pretensión del Gobierno de seguir adelante con el negocio del ATC. Enresa ha adjudicado ya con cargo al ATC más de 70 millones de euros y sacado a licitación proyectos, obras y servicios por casi 417 millones de euros, a pesar de no disponer ninguno de los permisos preceptivos. Algunas de estas adjudicaciones podrían ser ilegales, por lo que, en su momento, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción”.
Por todo ello, los movimientos antinucleares consideran insensato que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy mantenga el proyecto del ATC y solicitan el cierre definitivo y la discusión serena, democrática e informada sobre la gestión de los residuos nucleares, una vez establecido un calendario de cierre sensato de las centrales nucleares.
Negligencias del CSN
Pese a ello, el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, no hizo ninguna referencia a los problemas de los terrenos en su comparecencia ante la Comisión de Industria Energía y Turismo del Congreso el 19 de octubre.
“Desde que está Martí al frente del regulador nuclear se han sucedido numerosas irregularidades. Un hecho a destacar es la falta de investigación sobre los efectos de los falsos protocolos de la empresa AREVA, que ha podido tener efectos en la seguridad de los circuitos primarios de Ascó y Almaraz, al integrar componentes fabricados por esta empresa o el cambio de protocolos en la clasificación de los sucesos nucleares para reducir su gravedad”, aseguran desde el MIA.
“El presidente del CSN es el principal responsable de la falta de credibilidad del organismo regulador, tanto por su actuación negligente, como por el hecho de que pasó en 24 horas de ser el Secretario de Estado de Energía (dirigiendo la política energética del Gobierno de Rajoy) a presidir el CSN”, añaden.
Por ello, el MIA, que agrupa a los movimientos y organizaciones antinucleares de la Península Ibérica, exige el cese inmediato de Fernando Martí Scharfhausen.