En 2000 se comenzó con la búsqueda de recursos geotérmicos. En 2004, la Ley 19940 introduce el concepto de energía renovable no convencional (ERNC), sin centrales hidroeléctricas mayores a 20 MW, y establece un régimen especial para generación distribuida. Entre 2005 y 2011 hay subsidios por 5,3 millones de dólares para estudios de pre-inversión a más de 140 proyectos de ERNC, principalmente, hidroeléctricas de pasada. En 2008 se establece por ley una meta del 10 % para 2024. En 2009 se instalan apenas 440 MW, en su mayoría biomasa y mini hidroeléctricas. En 2013, sólo hubo 600 MW adicionales, por lo que una nueva ley estableció la meta de un 20 % de ERNC para 2025.
Los cambios regulatorios, la reducción de los costos de inversión y las licitaciones de suministro de energía a clientes regulados han tenido como consecuencia por año se instalen entre 1.000 y 1.300 MW adicionales, así llegamos a 2020 con un total de 7.300 MW, 27 % de la potencia instalada y 22 % de la energía producida.
Aún se está en deuda la promoción de la energía geotérmica y la CSP, y se esperan cambios regulatorios para la rentabilización de la inversión en sistemas de almacenamiento.
Con una matriz eléctrica total de 26.000 MW, en 2021 entrarán en operación entre 3.000 y 5.000 MW adicionales de renovables, principalmente solar y eólico. Además, Chile está implementando un programa paulatino de cierre de las centrales a carbón, con lo que es posible pensar que para 2030 las ERNC producirán entre un 45 y 55 % de la electricidad, entre un 70 y 75 % de renovables si se incluye la producción de hidroeléctricas superiores a 20 MW.
Un sistema eléctrico con alta penetración de energías renovables, como lo será el chileno en unos pocos años más, requiere de una nueva forma de organización de su mercados y de la incorporación de nuevas tecnologías. Estos cambios, que son a largo plazo, deben ser hechos con cuidado; es fundamental que la industria y la autoridad comencemos desde ya a trabajar en estas materias.
