Primero fue una fuerte indemnización -128 millones de euros- a un fondo luxemburgués, Eiser Infrastructure Limited (que invirtió en centrales termosolares en España) y, hace solo unos días, otra sanción, en este caso más de 64 millones de euros, al fondo Mubadala, propiedad del emirato de Abu Dabi, sanción segunda multimillonaria que ha hecho sonar todas las alarmas. Alarma por lo millonaria, pero alarma sobre todo porque sienta otro precedente y España se enfrenta a demandas similares, de otros inversores internacionales, por valor de 7.000 millones de euros. El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, que ha sido el encargado de registrar las preguntas de su Grupo Parlamentario en el Congreso, destaca además que ha habido unanimidad en el tribunal: “hasta el propio árbitro nombrado por España ha resuelto en contra de los intereses españoles”.
Pero, más allá de esa delatora unanimidad, el problema es lo que viene: las demandas -7.000 millones de euros- que siguen su curso en las cortes internacionales de arbitraje. Y no solo en el Ciadi, dependiente del Banco Mundial (en la foto), sino también en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o en la Cámara de Estocolmo. Demandas presentadas por multinacionales que consideran que el Gobierno ha vulnerado el Tratado sobre la Carta de la Energía con los cambios regulatorios que aplicó entre los años 2010 y 2014*, cambios que significaron duros recortes para la retribución del kilovatio hora generado en instalaciones de producción de energía renovable, instalaciones que, antes de la reforma, cobraban el kilovatio hora a equis céntimos, y, después, comenzaron a cobrarlo a un 20, un 30 ó un 50% menos.
El texto registrado en el Congreso por el diputado Josep Vendrell destaca también que, “en el presente Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, el Gobierno del Partido Popular pretende autohabilitarse una vez más para poder cargar vía Presupuestos el pago de indemnizaciones a raíz de eventuales laudos arbitrales a cargo del superávit del sistema eléctrico, con el aval expreso del Partido Nacionalista Vasco y el partido Ciudadanos”. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea plantea las siguientes preguntas (Energías Renovables reproduce, literalmente, a continuación).
• En relación a las declaraciones de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ¿el cálculo de 7.000 millones de cuantía reclamada por arbitrajes con motivo de los recortes a renovables incorpora los gastos de externalización de servicios para asesorar y defender la posición española? En caso negativo, ¿estos costes a cuanto estiman que llegarán a ascender? ¿qué bufetes jurídicos y consultarías se han contratado hasta la fecha? ¿Qué importes se les ha abonado a cada uno?
• ¿Qué costes previstos de asesoría jurídica han sido necesarios para defender a España en este caso? ¿A quién se han abonado?
• ¿Va a hacer frente el Estado al coste de estos laudos vía Presupuestos Generales del Estado? ¿Piensa el Gobierno trasladar este coste al sistema eléctrico y por tanto repercutirlo en el recibo de la luz?
• Dadas las relaciones existentes entre la monarquía de España y Abu Dabi, ¿han existido contactos entre el Ministerio y la Casa Real para fijar la posición en este caso? En caso afirmativo, ¿qué opinión o criterio habría mantenido la Casa Real?
• ¿El emirato de Abu Dabi ha manifestado su malestar al gobierno español? En este sentido, ¿tiene intención de desinvertir en España? ¿Qué problemas puede plantear a España este caso en relación a Compañía Española de Petróleos SAU (Cepsa)? [El emirato de Abu Dabi es propietario de esta empresa].
• En relación a las declaraciones del ministro respecto de que las eventuales sanciones económicas quedan compensadas por los recortes, ¿considera el Gobierno que perjudican la imagen de España ante potenciales inversionistas? ¿Valora su Gobierno la estabilidad regulatoria?
• En su opinión, ¿la rentabilidad económica puntual está por encima de la estabilidad regulatoria del país?
* Entre otros, el Real Decreto-ley 14/2010 (gobierna PSOE); el Real Decreto-ley 1/2012; Real Decreto-ley 13/2012; Real Decreto 413/2014; y la Orden IET 1045/2014 (gobierna PP).
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