Las comercializadoras pueden acreditar, una vez al año, la procedencia y calidad de la energía que ofrecen a sus clientes a través de las Garantías de Origen (GdOS) y el Etiquetado de Electricidad. De esta forma, se evita que las empresas publiciten su origen “verde” sin ningún tipo de respaldo, lo que en el argot energético se conoce como greenwashing.
Este sistema arrancó en diciembre de 2007 y, desde entonces, la CNMC ha sido la encargada de ‘poner nota’ a las compañías eléctricas según el origen e impacto medioambiental de la energía que suministran a sus clientes (de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC).
Las condiciones del etiquetado de la electricidad vienen reguladas en varias directivas europeas y en la Circular 2/2021, que acaba de aprobar la CNMC y que actualiza la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la antigua Comisión Nacional de Energía. Esta Circular sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, y detalla la metodología que se debe seguir para validar el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente.
En concreto, el etiquetado te informa de la contribución de cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica en la energía comercializada; del impacto ambiental que tiene (en cuanto a emisiones de CO2 y residuos radioactivos); y, según este último, de la clasificación energética de cada compañía desde la letra ‘A’ a la ‘G’ (la ‘A’ representa el mínimo impacto ambiental; y la ‘G’, el máximo).
Desde la CNMC indican que esta información que ofrecen sobre la energía generada por las compañías eléctricas es del todo fiable. La Comisión no solo realiza inspecciones, sino que también se encarga de las liquidaciones de retribución regulada de las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, por lo que dispone de información fidedigna y contrastada.
Además, las compañías ‘pasan un examen’ de forma voluntaria y gratuita: solicitan las garantías para certificar el volumen de MWh generado a partir de fuentes renovables. Al ser un sistema voluntario, existen comercializadoras que prefieren no participar, por lo que les corresponde un etiquetado más pobre en energías renovables o cogeneración, y una peor clasificación en cuanto a su impacto ambiental.
El objetivo de este sistema (y de la CNMC) es garantizar el derecho de los consumidores a disponer de información transparente, veraz y contrastable sobre la energía que consumen y por la que pagan. De hecho, pueden ver esta información en su factura eléctrica (o anexo).
