En 2022, uno de cada diez europeos (9,3%) no pudo mantener su vivienda a un nivel de confort térmico adecuado, en comparación con el 6,9% en 2019. Según el informe 'Lucha contra la pobreza energética: evaluación de políticas' de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona de Funseam, se estima que 41 millones de personas en la Unión Europea todavía viven en pobreza energética y no pueden acceder a servicios energéticos esenciales. El informe señala que cuando los hogares pobres energéticamente implementan todas las políticas posibles de eficiencia energética (rehabilitación total) y el bono social, se tiene el potencial de salvar al 92,7% de los hogares de la trampa de la pobreza energética, logrando una proporción de pobreza energética después de la política de sólo el 0,5%.
La principal medida utilizada por los estados para minimizar la pobreza energética ha consistido en transferencias de ingresos a hogares vulnerables. En el caso específico de España, nuestro paíes ha sido uno de los que ha puesto en marcha más iniciativas: el bono social de electricidad en 2009, el bono social para calefacción en 2018 y el Programa PREE (Rehabilitación Energética de Edificios). Mientras que los dos primeros son ayudas económicas, que se centran en los ingresos familiares, el segundo pone el acento en la reducción del gasto de electricidad. En el mejor escenario posible, el bono social de electricidad y calefacción solo salva al 9% de las familias de la pobreza energética. Es decir, que sólo las políticas de ingresos no rompen el círculo vicioso de la pobreza energética y que es necesario incluir a los programas de eficiencia energética en el centro de las políticas para combatir la pobreza energética, puesto que constituye una mejor solución a largo plazo. El estudio concluye que el aislamiento de la fachada y la instalación de calderas de condensación son las que tienen mayor impacto en el ahorro y la iluminación eficiente la que menos.
