El primer Gobierno Aznar aprueba en 1997, de la mano del entonces ministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato, la Ley del Sector Eléctrico, una profunda reforma para incorporarse al mercado europeo, abandonando el denominado Marco Legal Estable e iniciando la senda de la liberalización, que supuestamente iba a conllevar una mejora de la competencia. Las compañías eléctricas reclaman entonces al Gobierno una especie de indemnización. ¿Por qué? Porque las compañías eléctricas le dicen entonces que ellas habían hecho unos cálculos y unas inversiones a la luz de un marco distinto -mercado no liberalizado- y que, en el nuevo marco -mercado liberalizado- el precio de la electricidad bajaría de la mano de la presumible mayor competencia que introducía esa nueva norma y no podrían amortizar sus inversiones tal y como habían previsto dado el marco anterior. El gobierno de Aznar atiende entonces esa reclamación, y aunque no estaba obligado jurídicamente a ello, establece una indemnización -los Costes de Transición a la Competencia- por valor de casi 12.000 millones de euros (cantidad luego ajustada a 8.663 M€, como máximo).
¿Y qué ocurrió en realidad?
Pues lo que ocurrió en realidad, lo que ahora ya sí sabemos a toro pasado, es que el nuevo sistema de mercado hizo que las grandes compañías eléctricas no solo no perdieran dinero, sino que ganaran más de lo previsto y que, además, cobraran CTCs d emás. Pues bien, según las organizaciones firmantes, "ninguno de los distintos gobiernos ha exigido la devolución de estos pagos y, sin embargo, esto no ha prescrito y por tanto es plenamente exigible". La denuncia presentado ayer por Economistas Frente a la Crisis y demás organizaciones llega a la Justicia el mismo día (ayer, miércoles) en el que el precio medio de la luz en el mercado mayorista alcanza un máximo histórico, "una situación que va a seguir produciéndose mientras no se cambie el actual sistema de mercado, y del que las grandes beneficiadas son las compañías eléctricas".
Raquel Montón, responsable de la campaña de energía de Greenpeace: “la recuperación económica de España tiene que ser justa y las empresas eléctricas no pueden reclamar fondos de recuperación que provienen de nuestros impuestos, mientras que siguen abusando de un sistema que les proporciona beneficios extraordinarios que pagan los consumidores, al mismo tiempo que no saldan sus deudas. A las eléctricas les damos dinero público, nos cobran de más y no nos pagan lo que nos deben”
La denuncia de Economistas Frente a la Crisis, Facua, Greenpeace, Transición Verde y la Asociación para la defensa ecolóxica de Galiza ha sido presentada por el despacho de abogados Gabeiras & Asociados, que ha elevado "un recurso ordinario sobre el Incidente de Ejecución de la Sentencia de 18 de julio de 2005 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2008) en cuanto al importe de las plusvalías obtenidas por Endesa por la venta de Electra de Viesgo a ENEL".
Este es -informa Greenpeace- el primer paso de este procedimiento jurídico, en el que el objetivo último es que se proceda a liquidar los CTCs tecnológicos de las instalaciones referidas en dicha Sentencia. Según los demandantes, "el exceso de CTCs cobrados por las empresas eléctricas desde 1998 hasta 2006 puede cifrarse en un importe global que oscila entre los 1.500 y los 2.800 millones de euros". Para determinar la cantidad exacta es necesaria la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional ya mencionada.
Las organizaciones reclaman que este exceso de CTCs cobrados por las empresas eléctricas debe ser reintegrado al sistema eléctrico con el destino que determinen las autoridades reguladoras, restituyendo a los consumidores de manera directa o indirecta el exceso de costes pagados.
