La nueva norma -explican desde la Generalitat- introduce “diferentes elementos de simplificación administrativa y clarifica los criterios urbanísticos a la hora de instalar sistemas de autoproducción de energía, principalmente de origen fotovoltaico, con el objetivo de eliminar las trabas administrativas que padecía esta modalidad de aprovechamiento de las energías renovables”. Así, y según datos del Gobierno catalán, “solo durante el mes de enero de 2020 se han registrado en Cataluña 533 nuevas instalaciones de autoconsumo, mientras que durante todo el año 2019 se pusieron en servicio 1.488”. Actualmente -y siempre según datos de la Generalitat-, hay en la comunidad 2.776 instalaciones de autoconsumo en servicio: 38,33 megavatios de potencia.
La Ponència está presidida por el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural e integrada por 13 representantes de 4 departamentos de la Generalitat. Concretamente: 5 representantes del ámbito del medio ambiente, 1 de cambio climático y 2 de urbanismo y paisaje del Departamento de Territori i Sostenibilitat; 3 representants del ámbito energético del Departament d’Empresa i Coneixement; 1 del ámbito del patrimonio cultural del Departament de Cultura; y uno más del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Así, lo ambiental, urbanístico, paisajístico, agrícolo, energético y cultural son aspectos todos -informa la Generalitat- que analiza este nuevo órgano a la hora de evaluar la viabilidad del emplazamiento de un proyecto antes de que inicie su tramitación.
¿Objetivo último?
Determinar si existen elementos insalvables ya de inicio, para orientar a los promotores “para que no pierdan tiempo ni dinero en proyectos de difícil viabilidad y garantizar una implantación ordenada de las energías renovables en el territorio” (la Ponència tiene tres meses para pronunciarse). Uno de los horizontes que se ha marcado la Ponència es reducir a 13 meses el procedimiento de autorización de instalaciones, garantizando siempre que la implantación de estas se hace de manera ordenada.
Hasta ahora, la Ponència, que fue constituida el 24 de febrero, ha dado su visto bueno inicial a 9 proyectos para que comiencen su tramitación administrativa (se trata de 9 parques eólicos proyectados en las comarcas de Anoia, Baix Camp, Conca de Barberà, Ribera d’Ebre, Segarra y Urgell, que suman 261 megavatios de potencia). Una vez dado ese visto bueno, los promotores pueden comenzar a tramitar sus proyectos. La autorización última corresponde en todo caso al departamento competente en materia de energía, y requiere de tramitación urbanística y de evaluación de impacto ambiental, es decir, que el visto bueno de la Ponència no garantiza la viabilidad.
Por otro lado, la Ponència, de manera colegiada, ha hecho un pronunciamiento desfavorable para cuatro de los trece proyectos presentados. Se trata de dos proyectos de parque eólico en Tivissa, y de dos campos fotovoltaicos, uno, en Beuda, y el otro, en Sant Pere Sallavinera. Las razones, en el caso de los parques eólicos, son que el emplazamiento afectaría a la protección de la fauna amenazada. En el caso de los campos fotovoltaicos, la Ponència considera que “existen alternativas de emplazamiento en terrenos de menor interés agrícola y se considera necesario realizar un análisis de alternativas de ubicación”.
