La consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà y Roura, del Gobierno de Cataluña ha presidido la constitución de la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables. Este órgano reúne a una cincuentena de agentes sociales de todos los ámbitos, y tendrá como función identificar y analizar medidas de compensación entre los territorios rurales y las zonas urbanas densamente pobladas en las que no se pueda garantizar alcanzar el 50% de su demanda eléctrica con generación eléctrica renovable de proximidad en el horizonte del año 2030. Dada su representatividad, la Mesa también realizará las funciones de mesa de participación de la Ley de Transición Energética.
En la constitución de la Mesa han tomado parte una cincuentena de agentes sociales de todos los ámbitos, que van desde el mundo municipal -como Asociación de Micropueblos de Cataluña, el Área Metropolitana de Barcelona, la Asociación Catalana de Municipios o la Federación de Municipios de Cataluña, entre otros- hasta el académico –como la Universidad de Girona o la Rovira i Virgili–. También agentes económicos –PIMEC, Foment, UGT y CCOO, entre otros–, del sector de la energía –EolicCat, Unefcat, la Red por la Soberanía Energética o la Red por la Transición Energética Justa, por ejemplo–, del ecologismo –Ecologistas en Acción, Greenpeace o IAEDEN, entre otros–, colegios profesionales –entre ellos el Colegio de Ingenieros Industriales, el Colegio de Ambientólogos o el de Biólogos– y las principales organizaciones del mundo agrario. Los resultados de la Tabla se elevarán a las administraciones competentes.
La consejera Teresa Jordà: "la Ley de la Transición Energética será una de las más importantes de esta legislatura. Esta mesa es una oportunidad porque tenemos un reto gigantesco de antemano, y necesitaremos la complicidad y participación de todo el país. En Cataluña ya existen proyectos de energías renovables en fase de información pública que suman casi 1.000 MW, y un 87% de la potencia instalada en los últimos 30 años. Estamos a las puertas de una auténtica revolución energética que no sólo cambiará la forma en que nos relacionamos con la energía, sino también nuestros hábitos, nuestra movilidad, los tejados de nuestros edificios y también nuestros paisajes"
La Mesa nace con el objetivo de definir mecanismos que, por un lado, corresponsabilicen las zonas urbanas densamente pobladas en la instalación de energías renovables y, por otro, que contribuyan a mejorar el bienestar y el nivel de vida de los territorios rurales. De esta forma, también se pretende incentivar que las grandes áreas urbanas del país maximicen las políticas locales de implantación de energías renovables, y que compensen aquellos territorios excedentarios en la generación de electricidad de origen renovable por el esfuerzo de acoger instalaciones eólicas o fotovoltaicas por encima de sus necesidades. Asimismo, la Prospectiva Energética 2050 calcula que Cataluña necesitará la implantación de 12.000 MW renovables en 2030 y casi 62.000 MW en 2050 para alcanzar un modelo energético neutro climáticamente, de los cuales un 30% deben ser distribuidos. Esto puede suponer la ocupación de un 2,5% del territorio, y requerirá la puesta en común de los intereses que pueden verse afectados para conseguir el mayor equilibrio y consenso posible.
Decreto para acelerar las energías renovables
La constitución de esta tabla es una de las medidas que incorpora el decreto ley 24/21, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, aprobado el pasado octubre, para potenciar el equilibrio territorial e incrementar el consenso social en la implantación de nuevas instalaciones de este tipo, principalmente eólicas y solares fotovoltaicas. Con la voluntad de dibujar un nuevo modelo basado en la generación de proximidad, en las centrales de pequeña y mediana dimensión y en la participación ciudadana, el decreto ley también incluye la elaboración de un plan territorial sectorial para la generación eléctrico en solar y fotovoltaica, explicita los criterios de protección del territorio -incluyendo la acumulación de proyectos en un territorio como un factor a tener en cuenta a la hora de tramitar una autorización administrativa- y establece mecanismos para facilitar la participación social en los proyectos de energías eólica y fotovoltaica y para garantizar el diálogo con el territorio.
Para acelerar la transición energética en esta dirección, además de la aprobación decreto ley, el Gobierno también ha iniciado el despliegue de la red de oficinas comarcales de transición energética, ha creado el programa de la energética pública y ha modificado el código civil para facilitar notablemente el autoconsumo residencial en propiedad horizontal, entre otras medidas.
