Los permisos administrativos para ejecutar ese almacén, junto a la declaración de utilidad pública, fueron concedidos a Gas Natural Fenosa con determinadas condiciones, mediante resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Pues bien, la organización ecologista considera que hay un incumplimiento de esas condiciones pues, "según se extrae del informe del IGME, la documentación aportada no responde adecuadamente a lo exigido para la puesta en marcha del almacén". Por ello, Ecologistas en Acción exige "la paralización inmediata y total del almacenamiento de gas natural en el subsuelo de Doñana". Según esta oenegé, el Gobierno central ya tiene "suficiente y sobrada información" para cancelar de inmediato la ejecución de Marismas Occidental, que es uno de los cuatro proyectos del almacén de gas Marismas.
Informes
Ecologistas recuerda que tampoco hay informes "relativos a la actividad hidrogeológica, tectónica y sísmica en la comarca de Doñana como una unidad espacial y territorial indivisible", ausencia que esta organización no gubernamental viene denunciando "desde el inicio de la tramitación del almacén subterráneo de gas Marismas". A esa ausencia se sumaría ahora -apunta Ecologistas-, el informe realizado por el IGME "sobre los estudios aportados por la empresa GNAA entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, en respuesta al condicionado de la citada resolución de marzo de 2016 para la puesta en marcha de uno de los proyectos (Marismas Occidental) del almacén Marismas" (respuesta referida a las condiciones particulares 7ª(inundaciones), 9ª (sismicidad) y 10ª (subsidencia o deformación del terreno). Dicho informe -sostiene Ecologistas- sirve como argumento para afirmar que "ese condicionado no ha sido cumplido por la empresa que ejecuta el proyecto".
Según la oenegé, el análisis del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) revela como insuficientes las medidas adoptadas en relación a la subsidencia y califica como cuestionable la interpretación y valoración de los resultados finales de peligrosidad y riesgo de inundación, erosión y sedimentación. Finalmente, recomienda que la documentación sobre riesgo sísmico sea remitida para ser evaluada a la Red Sísmica Nacional del Instituto de Geografía Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, ya que considera que es ese organismo el realmente competente para informar sobre la documentación aportada.
No hay estudios referidos a la acumulación de los impactos
Para Ecologistas en Acción "es evidente que no existen estudios de los diferentes impactos acumulativos de los cuatro proyectos pertenecientes al almacén subterráneo de gas Marimas, lo cual también se desprende del propio informe del Instituto Geológico y Minero, que advierte de que en los estudios sobre las deformaciones del terreno, aportados por Gas Natural Almacenamiento Andalucía SA (GNAA) en relación al proyecto Marismas Occidental, no se cubre adecuadamente la zona geotectónica de la comarca de Doñana que podría verse afectada por las cubetas de depresión del terreno que se pudieran producir, siendo insuficiente la información obtenida". Ello es debido con mucha probabilidad -sostiene Ecologistas- a que se restringe la toma de información a la superficie donde se ubican los almacenes del proyecto Marismas Occidental, en lugar de medirse la afección al territorio ocupado por el almacén Marismas, que es Doñana en su conjunto.
Procedimientos abiertos
Respecto al marco legal vigente y los procedimientos abiertos, Ecologistas en Acción hace notar que el informe del IGME recoge la posible alegalidad del proyecto de almacén de GNAA en Doñana, según el Real Decreto 638 de 2016 de modificación del reglamento de Dominio Público Hidráulico. Esta organización, además, tiene interpuesto en plazo un recurso de alzada contra la resolución de 2016 que concedía los permisos administrativos y declaraba de utilidad pública del proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas en Doñana, que está pendiente de resolución en los tribunales. Ecologistas en Acción considera que no había una situación de necesidad ni urgencia para declarar de utilidad pública el proyecto de la empresa Gas Natural, dado que este almacén de Marismas no suponía potenciar el desarrollo industrial y renunciar a él no pone en peligro el suministro energético español, puesto que España posee ya, de facto, el triple de capacidad de almacenamiento respecto al consumo anual de gas.
Sobre la autorización que firmó la Junta
Del mismo modo, Ecologistas en Acción ha presentado ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y ante su Delegación de Huelva un escrito solicitando la "revisión de oficio de la Autorización Ambiental Unificada que la Junta de Andalucía otorgó al proyecto Marisma Occidental del almacenamiento Marismas", por las causas de nulidad que el propio consejero está esgrimiendo públicamente ante el Gobierno de España. Esta solicitud, debidamente argumentada jurídicamente, debería haber sido remitido por la Consejería de Medio Ambiente al Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo dictamen es vinculante. De momento, ha cumplido el plazo administrativo para responder y la organización ecologista no ha tenido contestación a su solicitud.
A vueltas con las indemnizaciones
Ecologistas en Acción espera que se produzca la cancelación del proyecto en cuestión y del almacén Marismas cuanto antes "y sin posibilidad de tener que indemnizar a costa de los bolsillos de la ciudadanía a una empresa privada que sigue adelante, rentabilizando desde hace años este almacén, a pesar de que es muy previsible que el proyecto sea revocado".
Según Ecologistas, es evitable pagar con fondos públicos los errores empresariales y políticos: "ya existe la experiencia del almacén submarino de gas en Castor, que supuso una situación de riesgo para personas, bienes y medio ambiente originada por los movimientos sísmicos provocados por el funcionamiento de la instalación; y, años después de su cancelación y clausura, el Tribunal Constitucional ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones de euros para las empresas promotoras del proyecto de Castor". Así -concluyen los ecologistas-, "en Marismas se está a tiempo de cancelar para siempre el almacén subterráneo de gas fósil y apostar por un plan de energías limpias renovables".
Informe del Defensor del Pueblo sobre los proyectos de almacenamiento de gas en Doñana
