En concreto, solo la central hidroeléctrica de Belo Monte -el controvertido complejo de represas de la selva amazónica de 11,2 GW-, en Pará, fue responsable del 10 % de la carga, mientras que la micro y mini generación distribuida aportaron 13.953 MW durante el pico. Según la ONS, las altas temperaturas del verano brasileño y el regreso a clases fueron los responsables del aumento de la carga.
El Operador del Sistema Eléctrico Nacional señala que desde noviembre del año pasado se han producido tres récords de generación de electricidad a través de fuentes renovables. La marca anterior fue registrada a las 14:20 horas del 14 de noviembre de 2023, cuando el Sistema Interconectado Nacional demandó 101.475 MW. En la víspera, la carga total superó por primera vez los 100.000 MW. En ese momento, Brasil atravesaba una ola de calor, "que requería mayor potencia proveniente de fuentes de energía eléctrica", explican desde el ministerio.
Alexandre Silveira, Ministro de Minas y Energía de Brasil: “Podemos estar orgullosos, casi el 93 % de la generación eléctrica del país fue suministrada por plantas renovables. Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía seguirá trabajando para buscar un equilibrio entre la seguridad energética y las tarifas razonables para los brasileños y las brasileñas”.
Belo Monte
Belo Monte, al igual que otros proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, suscitó protestas por su amenaza para la selva y los pueblos indígenas. De hecho, las asociaciones Adicae (de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), ANAE (Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética) y ARCE (Asociación Regional de Consumidores de Energía), la organización ecologista Greenpeace España, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la federación de organizaciones de solidaridad internacional Setem publicaron un manifiesto en 2016 sobre los impactos de esta infraestructura hidroeléctrica.
Según los firmantes, "la participación de Iberdrola en el negocio hidroeléctrico en Brasil, a través de Neoenergía, ha generado un gran impacto social y ambiental, como demuestra el problema de la presa de Belo Monte. La adjudicación de este proyecto está siendo investigada por el Ministerio Público Federal por formar parte del mayor escándalo económico y político de la historia de Brasil. Recientemente, la Relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha visitado la ciudad de Altamira para evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo a gran escala; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado un procedimiento contra Brasil por violaciones de derechos humanos relacionadas con la megapresa de Belo Monte".
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