La singularidad energética canaria y el parón absoluto que sufren las renovables en toda España van a suponer un palo especialmente duro para el archipiélago. Por ello, representantes de la Asociación Canaria de Energía Renovable (ACER), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Plataforma para el Nuevo Modelo Energético unieron ayer sus voces en Santa Cruz de Tenerife para denunciar la situación.
El Archipiélago tiene un coste de generación eléctrica muy superior a la media nacional y unos envidiables recursos renovables que, gracias a la espectacular reducción de costes de las tecnologías de generación renovable, supone que el cambio de modelo de generación en Canarias llevaría a un considerable ahorro para el sistema eléctrico.
“El coste de generación en Canarias es de 210 euros/MWh de media, mientras que la generación eólica en la Península se paga a 87 euros/MWh y la última fotovoltaica admitida antes de la moratoria aprobada en enero, a 121 euros/MWh. Por lo tanto, el argumento utilizado por el regulador para decretar la moratoria renovable (el sobrecoste para el sistema) no es aplicable en Canarias, sino todo lo contrario: cada kWh producido en Canarias con eólica o fotovoltaica reduce el precio de generación eléctrica”, apuntan las citadas asociaciones.
“A pesar de que en Canarias se dispone del mayor recurso solar y eólico del país, la potencia instalada es exigua. Las islas disponen de 144 MW de potencia eólica y 150 MW fotovoltaicos, lo que, comparado con los 2.850 MW instalados de tecnologías convencionales en el archipiélago, nos colocan a la cola de España en potencia instalada renovable”.
No se entiende que un lugar que posee las mejores condiciones climáticas para potenciar la generación con tecnologías renovables, esté “secuestrado” por una normativa que, siendo injusta para las instalaciones de la península, es todavía más injusta y totalmente insensible con Canarias.
A todo esto se sumará, a partir del próximo enero, la aplicación de un impuesto a la generación de electricidad, que se une a los diversos recortes acometidos por el anterior Gobierno. Esto dejará a numerosas instalaciones de energías renovables en una situación de suspensión de pagos. Además, como Canarias está particularmente afectada por el recorte del anterior Gobierno –limita el derecho a percibir la prima equivalente y afecta más en las zonas con más irradiación– sufrirá fuertemente el impacto de la nueva fiscalidad energética.
“Ante la agónica situación económica en general y del sector renovable en particular, con falta de inversión y de creación de puestos de trabajo, el sector renovable nacional unido pide al ministro Soria que dé salida urgente a la generación renovable. No podemos olvidar la situación por la que está pasando la sociedad canaria, más necesitada que nunca de inversiones y creación de puestos de trabajo para la salida de la crisis generalizada que estamos viviendo”.
La parálisis de las energías renovables en Canarias amenaza 5.000 empleos e impide inversiones superiores a 1.000 millones de euros. En este sentido, las asociaciones firmantes del comunicado creen que “sólo con la aprobación de la nueva normativa de autoconsumo con balance neto, que lleva un año de retraso, las Islas recibirían una inversión de 580 millones de euros en ocho años, que dejarían casi 200 millones de saldo positivo para la Comunidad Autónoma y mejorarían la balanza de pagos del país en casi 125 millones por las menores importaciones energéticas”.
Y piden a José Manuel Soria “que resuelva urgentemente el parón del sector renovable en Canarias mediante la elaboración de una norma que reconozca la singularidad de las Islas, que apruebe cuanto antes el anunciado decreto sobre autoconsumo con balance neto y que neutralice el efecto de la nueva fiscalidad energética sobre las instalaciones fotovoltaicas durante 2013”.
