Valbuena se ha reunido con Cristina Lobillo, directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea; y con Antonio López-Nicolás, uno de los jefes de la Unidad de Energías Renovables de dicha Dirección General, a los que ha expuesto -informa el Gobierno de Canarias- la necesidad de que las islas puedan obtener esta excepción de la normativa estatal vigente, teniendo en cuenta su condición de región ultraperiférica. De esta manera, Canarias podría proceder a la sustitución de sus grupos térmicos actuales, ya obsoletos, y a la instalación de infraestructuras más pequeñas que tendrían la posibilidad de funcionar con hidrógeno al 100%, entre otras medidas. Del mismo modo, Valbuena defiende que el archipiélago sea incluido en la regulación nacional del mercado de almacenamiento, para gestionar de manera eficiente el excedente de energía renovable y evitar así vertidos a la red; que se habiliten criterios de creación de comunidades energéticas en este territorio y que se posibilite la implantación de mecanismos PPA (Power Purchase Agreement) para la compraventa de energía.
“No tiene sentido que Canarias sea el enclave de Europa con más horas de sol y mejor régimen de viento y que esos recursos no se traduzcan en una verdadera penetración de renovables por un aspecto normativo”, señaló el consejero. En este sentido, Valbuena subrayó que esta modificación no supondría ninguna desestabilización en el mercado nacional, ya que Canarias no puede compararse a otros territorios por su insularidad y por no disponer de cercanía suficiente para interconectarse con los sistemas peninsulares”, aseveró Valbuena.
Los representantes de la Comisión coincidieron en la conveniencia de esta propuesta, equiparándola a otros casos similares como los de Azores (Portugal), Malta o Chipre, que obtuvieron el visto bueno de dicha institución gubernamental para excepciones de este tipo. Del mismo modo, también matizaron que esta propuesta debe salir del país miembro, España, para obtener la aprobación definitiva por parte de Europa.
Valbuena recordó que esta excepción no supondría ninguna desestabilización a nivel estatal ya que el coste del sistema eléctrico canario supone sólo el 3% de las cuentas nacionales y apenas representa el 4% del PIB del resto del país. Ningún territorio cuenta con los inconvenientes de Canarias, ya que las islas no pueden conectarse con ninguna plataforma continental y tienen seis sistemas eléctricos aislados. De hecho, hay varios proyectos de interconexión entre islas, pero las dos de mayor consumo (Tenerife y Gran Canaria) no pueden realizar este enlace.
El Gobierno canario ha remitido en fechas recientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una nueva solicitud por escrito para que tome en consideración estas medidas y pueda proceder a la reforma de la Ley del Sector Eléctrico a través de un Real Decreto que agilice los procedimientos y que pueda permitir una verdadera penetración de renovables.
“Este logro -ha dicho Valbuena- nos permitiría aprovechar de una manera eficaz los más de 460 millones que se han destinado a las islas por parte del Estado, a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, para acelerar la transformación energética de las islas y que la red pueda asumir ese incremento exponencial de energías limpias que se va a registrar a corto plazo”.
