Cambio, que si lo consideramos en el conjunto de lo acaecido en el Reino Unido, supone bajar el telón sobre un instrumento que durante muchos años había querido presentarse como el sistema de apoyo que mejor encajaba con la filosofía de mercado y que por tanto iba a ser el más eficiente, desde el punto de vista económico, entre los sistemas de estímulo a la promoción de las energías renovables: los certificados verdes. A finales de los años 90 me tocó participar en las reuniones del Consejo de Energía en las que se discutía la primera directiva de energías renovables de que se iba a dotar la Comisión Europea.
En aquellas discusiones el Reino Unido e Italia pretendieron que se homogeneizaran los sistemas de apoyo a las energías renovables en base a un sistema de certificados verdes (CV). Alemania y España nos oponíamos, no parecía tener mucho sentido cambiar un sistema de feed-in tariff que había demostrado su eficacia por uno que tenía aún todo por demostrar.
Por fortuna, se llegó al típico acuerdo comunitario de dejar a cada estado miembro la libertad de aplicar el sistema que le pareciera más conveniente y pasado un tiempo se procedería a evaluar los diferentes resultados.
¿Qué es un sistema de certificados verdes?
El sistema consiste en que una cuota de producción de energías renovables es fijada a las compañías eléctricas. Esta obligación puede ser intercambiable por un certificado comprado a un productor independiente. Se justifica en que es un sistema de mercado que complementa la competitividad y reduce los precios. Sin embargo existe la “paradoja” de los certificados verdes: en aquellos mercados donde se ha implementado para que se hagan proyectos los precios han debido ser más altos que en los mercados con precio bonificado y se prevé una disminución de la competencia por desaparición a medio plazo de los productores independientes.
Entre sus características más destacables están:
• Necesidad de sofisticados sistemas de regularización de los precios máximos.
• Necesidad de un permanente desequilibrio entre oferta y demanda de CV.
• Tendencia de las compañías eléctricas a firmar contratos a corto plazo y auto suministrarse sus certificados verdes. A medio plazo esto supone un riesgo de “crack” generalizado de los inversores privados.
• No permiten discriminación tarifaria en función de la calidad del viento.
Los certificados verdes en Italia
En Italia el funcionamiento de los certificados verdes se adecuó a las características generales del sistema. Las empresas obligadas a comprar los CV que no habían producido sus propios certificados o no los habían comprado a un productor independiente, estaban obligadas a comprar CV virtuales al gestor. El precio de estos certificados se fijaba de forma opaca por el regulador, teóricamente, en función de la media de los costes de producción de las instalaciones acogidas a un anterior programa de subvenciones denominado CIP6. Estos precios de los certificados virtuales oscilaban entre los 140 y los 160 €/MWh. Prácticamente el doble de lo que en aquellos momentos se estaba pagando en los países que utilizaban sistemas feed-in.
Estos altos precios generaron una “fiebre” eólica solo limitada por la escasez de zonas con recurso, la compleja tramitación administrativa, sujeta además a constantes cambios, y las fuertes campañas antieólicas que se llevaron a cabo por los lobbies contrarios a este tipo de energía. Es un buen ejemplo de la intensidad de la campaña el hecho de que cada vez que se tenía que revisar alguna norma eólica en el Parlamento, aparecían artículos en contra publicados desde los periódicos de los partidos neofascistas a las revistas sensacionalistas, como Panorama. Dudosos personajes “públicos” como Carlo Rippa di Meanna o Vittorio Sgarbi se empleaban a fondo en estas campañas.
Esto produjo una situación paradójica en la que a pesar de contar con una legislación nacional que ofrecía unos precios atractivos, al ser la tramitación administrativa responsabilidad de las regiones, en la mayor parte de éstas no se podían realizar parques eólicos. No obstante, a finales del año 2011 en Italia se habían instalado 6.747 MW, principalmente en Sicilia, Calabria, Campania y Apulia.
Aunque los CV se aplicaban a todas las energías renovables al ser la eólica la más competitiva la mayor parte de las inversiones se dedicaban a esta tecnología. Para desarrollar otras como la fotovoltaica fue necesario promulgar otros sistemas de apoyo específicos.
De los certificados verdes a las subastas
Los altos precios a los que se estaba remunerando la energía renovable con el sistema de los CV hizo que cada vez que se producía un cambio de gobierno se planteaba un posible cambio de mando regulatorio. Este cambio se comenzó finalmente a plasmar en el Decreto de marzo del 2011 en el que se transponía la Directiva 2009/28/EC. Aunque no dejó de ser un Decreto genérico que hacía una declaración de intenciones pero sin entrar en detalles.
La auténtica reforma del sistema se ha producido el pasado mes de julio. El nuevo Decreto establecía un nuevo régimen para todos aquellos parques eólicos que entren en operación a partir del año 2013. En este decreto se propone que todas las plantas de más de 5 MW serán remuneradas con un sistema de feed-in cuyo importe será definido a través de una subasta. Las subastas serán anuales. Salvo en el caso de que realizada la subasta no se cubra más de un 20% de la cantidad fijada, en cuyo caso se celebraría otra seis meses después. La capacidad eólica que se prevé subastar para la energía eólica terrestre es de 500 MW anuales a partir del año 2013.
Las tarifas de referencia sufrirán una reducción anual del 2% y no serán indexadas. Los valores ofertados en las subastas deberán oscilar entre un descuento mínimo del 2% y un máximo del 30%. Los proyectos vencedores tendrán un plazo de 28 meses para conectarse a la red. Los que se retrasen de este plazo sufrirán una penalización del 0,5% de descuento mensual adicional sobre la tarifa de referencia. Con un máximo retraso permitido de 24 meses.
Para poder presentarse a la subasta será necesario disponer de la Autorización Única (conjunto de licencias administrativas) o al menos la declaración de impacto ambiental positiva para aquellos parques con una potencia superior a 20 MW, una aportación al capital social por parte de los accionistas de al menos el 10% de la inversión total y una garantía bancaria preliminar. El pasado día 7 de septiembre se publicó la primera subasta para el año 2013, con un plazo de presentación de ofertas que finaliza el 7 de diciembre.
Consecuencias para el mercado italiano
La reducción a 500 MW anuales del objetivo eólico ha supuesto un importante freno a las actividades del sector. Los altos precios de los CV habían atraído a una gran cantidad de inversores, pero la bolsa de parques promocionados o pendientes de decisiones administrativas hace que no tenga sentido nuevos desarrollos. La evolución de esta experiencia de subasta en Italia es obviamente una incógnita. Sin embargo el bajo nivel de recurso eólico existente en este país hace dudar de que a pesar del exceso de oferta de aerogeneradores existente en el momento actual se puedan alcanzar los precios de las subastas brasileñas.
Una consecuencia que ya se esta apreciando y que se confirma con la experiencia brasileña es que este es un juego para grandes empresas. Desde que se ha publicado la subasta se aprecia la retirada del mercado de los pequeños y medianos promotores, que pasan a convertirse en suministradores de promoción para los grandes.
*José Donoso es economista y director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Antes fue presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) durante cuatro años.
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