La Comisión Europea ha aprobado hoy nuevas medidas en materia de clima, protección del medio ambiente y energía. Estas normas apoyan proyectos para la protección del medio ambiente, incluida la protección del clima y la generación de energía verde. Incluyen secciones para apoyar la descarbonización de la economía de una manera amplia y flexible, abierta a todas las tecnologías que puedan contribuir al Pacto Verde Europeo, particularmente las energías renovables, medidas de eficiencia energética, ayudas a la movilidad limpia, infraestructuras, economía circular, reducción de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético. Su finalidad es ayudar a los Estados miembros a alcanzar los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en materia de energía y clima con el mínimo coste posible para el contribuyente y sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único. También pretenden facilitar la participación de las comunidades de energías renovables y las pymes, como motores importantes de la transición ecológica. Estas normas quedarán formalmente adoptadas en enero de 2022 y serán aplicables a partir de entonces.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia: "para apoyar la transición ecológica, Europa necesitará una cantidad considerable de inversiones sostenibles. Aunque una gran parte procederá del sector privado, las ayudas públicas contribuirán a garantizar que la transición ecológica se produzca con rapidez. Las nuevas Directrices aprobadas hoy reforzarán cuanto hacemos para descarbonizar nuestra sociedad. Entre otras cosas, facilitarán las inversiones de los Estados miembros, especialmente en energías renovables, para acelerar la consecución de nuestro Pacto Verde, de manera rentable. Se trata de un paso importante para garantizar que nuestras normas sobre ayudas estatales desempeñen plenamente su papel de apoyo al Pacto Verde Europeo.»
Las nuevas normas incluyen importantes ajustes para adaptar las normas a las prioridades estratégicas de la Comisión, en particular las que se han fijado en el Pacto Verde Europeo, así como a otros cambios reglamentarios recientes y a las propuestas de la Comisión en los ámbitos de la energía y el medio ambiente, incluido el paquete de medidas Fit to 55:
• Amplían las categorías de inversiones y tecnologías con las que los Estados miembros pueden apoyar al Pacto Verde Europeo. Se crea una nueva sección única dedicada a la reducción y la prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero, que facilita la evaluación de las medidas de apoyo a la descarbonización de diferentes sectores de la economía, en particular mediante inversiones en energías renovables, eficiencia energética en los procesos de producción y descarbonización industrial, en consonancia con la Ley Europea del Clima. Las normas revisadas permiten en general importes de ayuda de hasta el 100 % del déficit de financiación, especialmente cuando las ayudas se conceden después de una licitación pública, e introducen nuevos instrumentos de ayuda, tales como los contratos por diferencia para el carbono para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades de ecologización de la industria.
• Abarcan ayudas en muchos ámbitos pertinentes para el Pacto Verde, incluidas secciones nuevas o actualizadas sobre ayudas a la prevención o reducción de la contaminación distinta de la causada por los gases de efecto invernadero, incluida la contaminación acústica, las ayudas a la eficiencia de los recursos y la economía circular, y las ayudas a la biodiversidad y a la reparación de daños medioambientales. Además, estas normas constan de secciones específicas para aquellas ayudas que incentiven las inversiones en ámbitos emblemáticos como la eficiencia energética de los edificios y la movilidad limpia, en todos los modos de transporte.
• Introducen cambios en las normas vigentes sobre reducciones de determinados tributos sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía. Las normas tienen por objeto limitar el riesgo de que, a causa de estos impuestos, las actividades en determinados sectores se trasladen a lugares en los que no existan disciplinas medioambientales o sean menos ambiciosas que en la UE. En atención al mayor esfuerzo de descarbonización necesario para cumplir los objetivos climáticos de la UE, las nuevas normas contemplan reducciones en todos los tributos que financian la descarbonización y las políticas sociales. Además, para que los Estados miembros puedan mantener condiciones de competencia equitativas, y sobre la base de indicadores objetivos a nivel sectorial, se ha racionalizado el número de sectores subvencionables. Las normas también se han revisado para dar mayor apoyo a la descarbonización progresiva de estas empresas, entre otras cosas vinculando la reducción de los impuestos al compromiso de los beneficiarios de reducir su huella de carbono.
• Introducen salvaguardias para garantizar que la ayuda se destine efectivamente donde sea necesaria para mejorar la protección del medio ambiente y el clima, se limite a lo necesario para alcanzar los objetivos medioambientales y no distorsione la competencia ni afecte a la integridad del mercado interior. A este respecto, las nuevas normas promoverán, por ejemplo, la participación de las partes interesadas en el diseño de las grandes medidas de ayuda, lo que exigirá a los Estados miembros consultarlas sobre las principales características de estas.
• Garantizan la coherencia con la legislación y las políticas pertinentes de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la energía, entre otras cosas, eliminando las subvenciones a los combustibles fósiles más contaminantes, para los que una evaluación positiva por parte de la Comisión según las normas sobre ayudas estatales es poco probable dado su fuerte impacto negativo en el medio ambiente. Es poco probable que se aprueben medidas que impliquen nuevas inversiones en gas natural, a menos que se demuestre que esas inversiones son compatibles con los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2050, facilitando la transición de combustibles más contaminantes sin bloquear tecnologías que puedan obstaculizar el desarrollo general de soluciones más limpias. También incluyen una nueva sección sobre ayudas al cierre de centrales de carbón, turba y esquisto bituminoso para facilitar la descarbonización del sector eléctrico.
• Aumentan la flexibilidad y mejoran las normas anteriores, eliminando también el requisito de notificación individual para los grandes proyectos ecológicos dentro de los regímenes de ayuda previamente aprobados por la Comisión.
Plazos
Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía sustituirán a las actuales Directrices 2014-2020, una vez adoptadas formalmente, y se aplicarán a partir de ese momento a todas las decisiones que adopte la Comisión. Los Estados miembros deberán adaptar los regímenes existentes a las nuevas normas a partir de 2024. Las Directrices establecen las condiciones en las que las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros en materia de clima, protección del medio ambiente y energía pueden considerarse compatibles con el mercado único y los criterios que deberá aplicar la Comisión a la hora de evaluar las ayudas de los Estados miembros en estos ámbitos.
