La convocatoria solicita -informa Europa Press- opiniones para contribuir al abaratamiento de las facturas de la electricidad, la reducción del impacto del precio de los combustibles fósiles, el impulso de las energías renovables, la garantía de suministro, la protección al consumidor o las mejoras en transparencia, vigilancia e integridad del mercado. Tras dos décadas de vigencia del actual mercado eléctrico, el conjunto de la Unión Europea (UE) vería necesaria una reforma integral para proteger mejor a los hogares y las empresas de los altos precios de la energía, aumentar la resiliencia y acelerar la transición verde en el contexto de la actual crisis de precios de la electricidad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya anunció este rediseño en su discurso anual sobre el estado de la Unión, algo en lo que los Veintisiete han pedido que se trabaje con rapidez a fin de asegurar la soberanía energética europea y lograr la neutralidad climática.
Hasta la fecha, España, Francia y Grecia, son los tres Estados miembro que se han adelantado a la propuesta del Ejecutivo comunitario al remitir sus propias aportaciones para el rediseño del mercado eléctrico, según han confirmado fuentes del Ejecutivo comunitario. En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya señaló que el planteamiento español, remitido el pasado 10 de enero a Bruselas, despertó "un gran interés" entre sus socios europeos y de hecho, ha sido respaldado públicamente por el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck.
Además, fuentes del Ministerio han indicado que España apoya las consideraciones de la Comisión Europea para facilitar el despliegue de renovables, mejorar la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, construir un mercado más justo y avanzar en materia de transparencia, en consonancia con los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la reforma.
España, que fue además el primer país en trasladar una propuesta a Europa, ha comenzado también los contactos con Bruselas de cara a una prórroga del mecanismo ibérico del tope al gas para poder seguir abaratando los precios finales al consumidor ante los elevados precios del gas natural, al menos hasta finales de 2024, y que ha permitido un ahorro de 4.500 millones de euros hasta ahora (150 euros por familia de media).
Con respecto a esa eventual ampliación, el Ministerio adelantó la semana pasada que, en la reunión de la vicepresidenta Teresa Ribera con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, esta planteó que las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania (y ahí entraría el mecanismo ibérico del tope al precio del gas) durarán hasta diciembre de 2023. "En consecuencia -señalan fuentes del Ministerio-, y en tanto la UE no modifique ese marco temporal de ayudas por Ucrania, la prórroga de la solución ibérica tendría que atenerse a ese marco temporal".
Transición Ecológica reconoce en todo caso que esa prórroga necesita de la luz verde de los técnicos de la Comisión Europea, algo que aún no se ha producido. "Es un proceso abierto en el que se sigue trabajando a nivel técnico". Según el Ministerio, a partir de aquí se abrirían dos posibilidades: (1) que ese marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania se amplíe y, por tanto, una eventual extensión de la solución ibérica también se ampliaría; y (2) que durante el semestre de la Presidencia Española de la UE se pudiera lograr "lo que, en realidad, constituye el problema real y la estrategia central para España, la reforma estructural del mercado de la electricidad en la UE". Esta segunda opción ha sido calificada por Transición Ecológica como "perfectamente factible". Además, si se lograra esa reforma del mercado de la electricidad en Europa, "la solución ibérica sería innecesaria".
