La transición de los sistemas energéticos se está viendo espoleada por la irrupción de las tecnologías renovables no convencionales, cuyos costes descienden de forma continuada. A ello se suma la modularidad de muchas de estas tecnologías y la existencia casi universal del recurso energético, como es el caso de la energía solar fotovoltaica. El coste de los módulos fotovoltaicos solares se redujo entre 2008 y 2012 en un 80% y el precio de los sistemas solares fotovoltaicos en cubierta ha disminuido en un 75% en sólo 8 años.
La combinación de estos factores ha generado una de las nuevas y más importantes realidades a la que están teniendo que hacer frente los diseñadores de políticas energéticas: la denominada paridad de enchufe o paridad de red, pero con todos los costes incluidos, no solo los de generación. En más y más mercados, el coste normalizado de generación a lo largo de la vida de una instalación fotovoltaica es inferior al precio de la tarifa minorista. En otras palabras, en los países donde se ha alcanzado la paridad de enchufe, los consumidores pueden producir electricidad para consumo propio (autoconsumo) a un coste menor o igual que el precio que pagarían a su comercializadora de electricidad.
El autoconsumo a partir de fuentes de energías renovables no es un hecho anecdótico. La energía solar fotovoltaica experimentó otro crecimiento récord en 2015, añadiéndose más de 50 GW a nivel global, lo cual representa casi 10 veces el tamaño de toda la capacidad instalada sólo hace una década. De esta capacidad, 7 GW fueron sistemas fotovoltaicos descentralizados instalados en cubiertas. Es por ello importante analizar qué medidas regulatorias y mecanismos de apoyo hay que poner en marcha para beneficiarse al máximo de las oportunidades y minimizar los impactos negativos del autoconsumo.
Autoconsumo y balance neto
Existen diversos mecanismos de apoyo para la promoción del autoconsumo con fuentes renovables, que se pueden emplear de forma independiente o conjunta, tales como subvención a la inversión, deducciones fiscales, remuneración de la electricidad vertida a la red, créditos blandos y balance neto. Con la llegada de la paridad de enchufe en muchos países, el balance neto está siendo el mecanismo más adoptado para la promoción del autoconsumo. A nivel global, a finales de 2006, sólo siete países habían implementado el mecanismo de balance neto y dos países más contaban con balance neto en alguna jurisdicción regional. A finales de 2015, había 42 países con regulación sobre balance neto a nivel nacional y cinco más con un ámbito regional.
Es habitual que instalaciones de autoconsumo viertan excedentes de generación a la red cuando la generación supera la demanda instantánea. El balance neto es la regulación por la cual se salda la diferencia entre la energía eléctrica vertida a la red y la energía eléctrica consumida por un consumidor eléctrico con una instalación de autoconsumo.
Atendiendo a la diferencia en el tratamiento de los excedentes de energía, existen dos tipos de balance neto: si las unidades de energía vertidas a la red se descuentan del consumo total se denomina medición neta (net-metering); si se les asigna un valor económico y se descuenta de la factura se denomina facturación neta (net-billing).
Panorama por países
A finales del año 2006, Panamá figuraba como el único país de América Latina que había implementado una regulación de balance neto. En la actualidad, al menos once países de la región han optado por este mecanismo para promover la integración en el sistema eléctrico de la generación descentralizada a partir de fuentes renovables: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
La medición neta es la modalidad más utilizada de balance neto en la región. En la mayoría de los casos, la energía vertida a la red en un mes es descontada del consumo del mes siguiente, por lo que se puede decir que se valoriza a precio minorista de la electricidad.
En cuanto a la propiedad de terceros que permitiría que la inversión pudiera hacerse, por ejemplo, por una empresa de servicios energéticos (ESCO), sólo está explícitamente contemplada en la regulación de balance neto de Brasil. La capacidad instalada del sistema renovable se limita en casi todos los casos, bien estableciendo capacidades máximas a instalar, en muchos casos por tipo de consumidor, como sucede en Brasil, Chile, Honduras, México, Panamá y República Dominicana, o bien ligando la capacidad máxima de generación a la potencia contratada, como en El Salvador y Uruguay.
