La transición de los sistemas energéticos se está viendo espoleada por la irrupción de las tecnologías renovables no convencionales, cuyos costes descienden de forma continuada. A ello se suma la modularidad de muchas de estas tecnologías y la existencia casi universal del recurso energético, como es el caso de la energía solar fotovoltaica. El coste de los módulos fotovoltaicos solares se redujo entre 2008 y 2012 en un 80% y el precio de los sistemas solares fotovoltaicos en cubierta ha disminuido en un 75% en sólo 8 años.
La combinación de estos factores ha generado una de las nuevas y más importantes realidades a la que están teniendo que hacer frente los diseñadores de políticas energéticas: la denominada paridad de enchufe o paridad de red, pero con todos los costes incluidos, no solo los de generación. En más y más mercados, el coste normalizado de generación a lo largo de la vida de una instalación fotovoltaica es inferior al precio de la tarifa minorista. En otras palabras, en los países donde se ha alcanzado la paridad de enchufe, los consumidores pueden producir electricidad para consumo propio (autoconsumo) a un coste menor o igual que el precio que pagarían a su comercializadora de electricidad.
El autoconsumo a partir de fuentes de energías renovables no es un hecho anecdótico. La energía solar fotovoltaica experimentó otro crecimiento récord en 2015, añadiéndose más de 50 GW a nivel global, lo cual representa casi 10 veces el tamaño de toda la capacidad instalada sólo hace una década. De esta capacidad, 7 GW fueron sistemas fotovoltaicos descentralizados instalados en cubiertas. Es por ello importante analizar qué medidas regulatorias y mecanismos de apoyo hay que poner en marcha para beneficiarse al máximo de las oportunidades y minimizar los impactos negativos del autoconsumo.
Autoconsumo y balance neto
Existen diversos mecanismos de apoyo para la promoción del autoconsumo con fuentes renovables, que se pueden emplear de forma independiente o conjunta, tales como subvención a la inversión, deducciones fiscales, remuneración de la electricidad vertida a la red, créditos blandos y balance neto. Con la llegada de la paridad de enchufe en muchos países, el balance neto está siendo el mecanismo más adoptado para la promoción del autoconsumo. A nivel global, a finales de 2006, sólo siete países habían implementado el mecanismo de balance neto y dos países más contaban con balance neto en alguna jurisdicción regional. A finales de 2015, había 42 países con regulación sobre balance neto a nivel nacional y cinco más con un ámbito regional.
Es habitual que instalaciones de autoconsumo viertan excedentes de generación a la red cuando la generación supera la demanda instantánea. El balance neto es la regulación por la cual se salda la diferencia entre la energía eléctrica vertida a la red y la energía eléctrica consumida por un consumidor eléctrico con una instalación de autoconsumo.
Atendiendo a la diferencia en el tratamiento de los excedentes de energía, existen dos tipos de balance neto: si las unidades de energía vertidas a la red se descuentan del consumo total se denomina medición neta (net-metering); si se les asigna un valor económico y se descuenta de la factura se denomina facturación neta (net-billing).
Panorama por países
A finales del año 2006, Panamá figuraba como el único país de América Latina que había implementado una regulación de balance neto. En la actualidad, al menos once países de la región han optado por este mecanismo para promover la integración en el sistema eléctrico de la generación descentralizada a partir de fuentes renovables: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
La medición neta es la modalidad más utilizada de balance neto en la región. En la mayoría de los casos, la energía vertida a la red en un mes es descontada del consumo del mes siguiente, por lo que se puede decir que se valoriza a precio minorista de la electricidad.
En cuanto a la propiedad de terceros que permitiría que la inversión pudiera hacerse, por ejemplo, por una empresa de servicios energéticos (ESCO), sólo está explícitamente contemplada en la regulación de balance neto de Brasil. La capacidad instalada del sistema renovable se limita en casi todos los casos, bien estableciendo capacidades máximas a instalar, en muchos casos por tipo de consumidor, como sucede en Brasil, Chile, Honduras, México, Panamá y República Dominicana, o bien ligando la capacidad máxima de generación a la potencia contratada, como en El Salvador y Uruguay.
En cuanto al ámbito tecnológico, las regulaciones de todos los países de la región permiten el uso de cualquier tecnología que genere a partir de fuentes de energía renovables. Brasil, Chile, Colombia y México incluyen además las tecnologías de generación eficiente, entendiendo como tal los sistemas de cogeneración.
Una característica común de todos los sistemas de balance neto implementados en Latinoamérica es que ninguno de ellos implica cargos adicionales aplicados a los prosumidores para la financiación de costes fijos del sistema de distribución y transporte. Se alinean de esta forma con la buena práctica para el fomento del autoconsumo que implica el evitar cargas discriminatorias para esta modalidad frente a los consumidores convencionales. Panamá, país pionero en la región latinoamericana en la regulación del balance neto, contaba a finales de 2016 con aproximadamente 10 MW de sistemas solares fotovoltaicos de generación distribuida para autoconsumo.
México, con 117,5 MW, es el país de América Latina con mayor capacidad de generación distribuida instalada. Desde que se publicaron las bases para contratos de interconexión (2007) hasta finales de 2015 se han reportado 16.985 contratos, el 88% de ellos correspondientes a personas físicas. Los cuatro primeros años de funcionamiento del mecanismo vieron un tímido crecimiento en el número de contratos y nueva potencia instalada, pasando ésta última de 3 kW en 2007 a 667 kW en 2010. Desde entonces se ha producido un crecimiento exponencial de la capacidad instalada, acelerándose el ritmo de nuevas instalaciones, que alcanzó los 55.665 kW de nueva potencia instalada en 2015. El cambio de ritmo en el despliegue de capacidad distribuida instalada responde a la modificación de regulaciones y reglamentos en materia energética, los cuales se han ido afinando con la experiencia adquirida. A finales de 2016 se aprobó un nuevo marco regulatorio para la generación distribuida en México, incluyendo el balance neto, de mayor sofisticación que el anterior y del cual se espera que impulse aún más las nuevas instalaciones.
El caso de Chile es destacable, pues pese a lo reciente de la entrada en vigor de su regulación de balance neto (2014), en los dos primeros años se han aprobado más proyectos de autoconsumo que en países como México o Uruguay, este último con un total acumulado superior a 8 MW. A 31 de enero de 2017 se habían registrado en Chile 828 instalaciones por un total de 5,89 MW. El éxito es, en parte, fruto del excelente monitoreo, reporte y evaluación de la regulación de autoconsumo por parte del gobierno de Chile. La reciente simplificación de los procesos administrativos para proyectos de menor capacidad y de viviendas multifamiliares es un ejemplo de la adaptación de la regulación a las condiciones de mercado en función de las lecciones aprendidas.
Es digno de mención el papel proactivo que están jugando las compañías distribuidoras de Latinoamérica en la promoción de la generación distribuida. De forma general, lejos de poner trabas a la misma, han dado buena acogida a las normas que regulan este tipo de generación, tratando de mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos y de la búsqueda de nuevos modelos de negocio, como ofrecer la ejecución de las instalaciones de autoconsumo a sus clientes. Incluyendo soluciones de financiación, por ejemplo, mediante el leasing de la instalación. Tal es el caso de Chile y Colombia.
Barreras del balance neto en la región
Si bien es cierto que los sistemas de balance neto en Latinoamérica han tenido gran éxito a la hora de multiplicar la instalación de equipos de generación distribuidas con renovables en los países que se han implementado, se han identificado barreras que han limitado su efectividad. El principal coste de los proyectos de renovables es la inversión inicial en la instalación. Esto es un limitante de gran relevancia en los casos en los que no existe ningún tipo de financiación preferencial específica para este tipo de proyectos, como el caso de Chile. Las tarifas eléctricas subsidiadas, comunes en la región, suponen un desincentivo adicional, al reducir el potencial ahorro económico del autoconsumo.
Aun existiendo líneas de financiamiento específico, como el programa Hipoteca Verde y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de México, el desconocimiento de su existencia por parte de los usuarios finales reduce en gran medida el éxito del mecanismo de balance neto. En general, la falta de información es una de las principales barreras para promoción del autoconsumo. La ciudadanía carece de conocimientos en energía y desconoce la existencia del balance neto y sus potenciales beneficios. Además, hay poca confianza por parte del usuario final en la credibilidad de la tecnología.
A esto se le suman carencias de capacidad institucional a la hora de certificar y fiscalizar tanto instalaciones como equipos, especialmente en localidades aisladas; limitado acceso a equipos específicos en ciertos mercados, como medidores bidireccionales homologados; o la falta de personal técnico convenientemente capacitado para la instalación.
Finalmente, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los gobiernos es la adaptación de sus mecanismos de apoyo a unas condiciones rápidamente cambiantes del sector de las renovables. Los reguladores se han visto obligados hacer una evaluación continua y adaptar el diseño de los mecanismos de balance neto en función de los resultados y las nuevas condiciones de mercado.
Lecciones aprendidas
Para beneficiarse de los efectos positivos que tiene tanto para el consumidor como para el sistema, los gobiernos pueden promover que los consumidores produzcan y consuman su propia energía, implementando marcos que regulen el autoconsumo. La actividad de autoconsumo debe considerarse como una acción de ahorro energético, de manera similar a la energía ahorrada a través de medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, la electricidad autoconsumida no debe ser gravada de manera discriminatoria en comparación con los consumidores convencionales.
Los sistemas de balance neto han demostrado ser eficaces para impulsar los mercados de generación distribuida. Los mecanismos de balance neto (medición neta o facturación neta) deben diseñarse para priorizar el autoconsumo frente al suministro de excedentes a la red.
Bajo el modelo medición neta, los consumidores con autogeneración están utilizando la red para almacenar artificialmente la electricidad producida en un punto de tiempo para consumirla en otro momento, sin reflejar el valor de la electricidad que puede variar sustancialmente en un sentido u otro entre los períodos de tiempo. Al descontarse la energía vertida de su consumo, la valorización del exceso de producción se realiza a un precio minorista, que incluye el coste de generación, transporte y distribución, y que en la mayoría de los casos excede el coste de esa electricidad en el mercado eléctrico.
Por el contrario, la facturación neta promueve que el exceso de energía renovable pueda ser remunerado sobre la base de mecanismos de fijación de precios basados en el mercado. La valorización económica de los excedentes, en este modelo, refleja mejor el valor de la electricidad vertida en la red del distribuidor.
Es importante destacar que el balance neto debe diseñarse a la medida del tipo de consumidor (residencial, comercial, industria). Es evidente que, dependiendo del consumidor, aspectos como la potencia contratada, el acceso y las condiciones de financiación, la motivación para desarrollar un proyecto de autoconsumo o la información disponible, son muy diferentes. Por lo que hay que evitar diseños del tipo “one size fits all”, un mismo tamaño para todos. En este aspecto, adquiere importancia el establecimiento de procedimientos simplificados de autorización, incluso mediante simple notificación, para proyectos a pequeña escala. Así como desarrollar modelos de contrato estándar con la empresa distribuidora, lo que facilita el despliegue de instalaciones de tipo residencial y en pequeños comercios.
La regulación de balance neto debe permitir la propiedad de terceros, por ejemplo, instalaciones de autoconsumo promovido por ESCO, así como instalaciones en edificios de viviendas multifamiliares. Esto, junto a la creación de mecanismos específicos de financiación preferencial, es un medio muy eficaz para que los desarrolladores de este tipo de proyectos puedan hacer frente a la inversión inicial.
En cualquier caso, a la hora de diseñar el sistema de balance neto, independientemente de sus características específicas, es recomendable establecer unos límites temporales o metas, ya sean absolutas (capacidad instalada) o relativas (cuota de penetración en el mercado), tras los cuales, una vez alcanzados, evaluar y adaptar el diseño a las nuevas condiciones.
