La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y más de 30 organizaciones se han concentrado este domingo en la Plaza de la Provincia de Madrid para exigir "soluciones urgentes" contra "la pobreza energética", según ha informado Europa Press. La movilización una semana de acciones y eventos destinados a visibilizar este "problema" y, sobre todo, plantear propuestas para atajar esta situación de "extrema urgencia". 'La pobreza energética mata' y #NadieSinEnergía son los lemas bajo los que se han desarrollado decenas de acciones durante la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética.
Según las organizaciones, la crisis económica derivada de la pandemia agrava aún más la situación. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado datos de la 'Estrategia nacional contra la pobreza energética' y cifra entre el año 2019 al 2020 un aumento de la población que sufre condiciones de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno, que pasa del 7,6% al 10,9%; así como un aumento del retraso en el pago de facturas, que pasó del 6,6% al 9,6%.
A esto hay que añadir que a partir del 28 de febrero finaliza la medida excepcional del 'escudo social' de prohibición de corte de suministro por impago para cualquier contrato de suministro eléctrico en vivienda habitual con potencia hasta 10 kW. Así, se restablecen los plazos de dos meses desde la notificación del primer requerimiento de pago para que la comercializadora pueda solicitar a la empresa distribuidora la suspensión del suministro de electricidad. En caso de consumidores vulnerables acogidos al bono social, el plazo se amplía a un total de 10 meses, pero solo beneficia a 1,16 millones de familias.
Suministro de energía, suministro básico
Según las asociaciones, "es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas". Para ello, exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la "ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y del bono térmico", que según las organizaciones, excluye a millones de consumidores que sufren pobreza energética.
Las reivindicaciones son:
• Una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible
• La prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas sin la implementación del principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas, cumpliendo con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
• La aplicación de medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro, priorizando a los hogares en situación de vulnerabilidad; que la tarifa social vaya acompañada de medidas que eviten que las viviendas sean un sumidero por el que se escapa la energía, dejando su efectividad sin efecto real.
• La elaboración de un plan de acción para abordar un aislamiento adecuado y una calefacción sostenible con bombas de calor, que deben ser considerados como servicios básicos y obligatorios tanto para las viviendas en alquiler como en propiedad.
• La inversión pública y local en este proceso y el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas deben ser prioritarias, porque la energía comunitaria es una herramienta con gran poder para reducir la pobreza energética y otorgar soberanía energética a la sociedad.
La Cañada Real, sin luz
Numerosos colectivos también han denunciado durante una manifestación en la Puerta de Sol el "abandono institucional" que sufren los vecinos de la Cañada Real de los sectores V y VI por el corte de suministros de luz. La protesta ha criticado a la empresa eléctrica Naturgy por el corte del suministro eléctrico, "advirtiendo de que no van a permitir que se rían de ellos", ni de la situación actual que viven los "más 1.500 niños" afectados en la antigua vía pecuaria. A la concentración han asistido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García.
Los asistentes han portado pancartas demandando la vuelta de la luz, contratos y una mesa de seguimiento para tratar de solucionar esta situación que lleva ocurriendo desde hace más de 500 días. La Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real hizo públicos la pasada semana los datos sobre el impacto en la salud y la educación de 149 hogares encuestados el pasado 12 de diciembre de los Sectores 5 y 6. Siete de cada diez personas encuestadas manifestaron tener su salud afectada debido a los cortes de luz, nueve de cada diez en el caso de los mayores. Además el 81% de los menores ven afectado su derecho a la educación.
