La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han emitido un comunicado conjunto en el que piden al Gobierno “máximo respeto de la seguridad jurídica”. En la misma línea, la Fundación Renovables cree que “el Gobierno no debe incidir en el error histórico de parar las renovables”. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) también se pronunció ayer en este sentido.
El comunicado de APPA, Protermosolar y UNEF tiene tres puntos y dice así:
Las asociaciones empresariales del sector de las energías renovables, ante las informaciones divulgadas en los últimos días, acerca de los posibles contenidos de las reformas del sistema eléctrico y de la regulación energética pendiente de aprobar por el Gobierno, solicitan de los responsables gubernamentales que:
1.- Cualquier medida se adopte en el debido y máximo respeto de la seguridad jurídica, entendida ésta en su más amplio sentido y no exclusivamente en el de la –de por sí indebida política y jurídicamente– retroactividad. Única vía por la que España podrá mantener su credibilidad en el contexto internacional y la confianza de los inversores extranjeros y nacionales, para poder seguir soportando las necesarias iniciativas a favor del crecimiento económico, imprescindibles para la necesaria generación de empleo.
2.- Mantengan coherencia en los planteamientos legislativos, en el sentido de contemplar y asumir que la seguridad jurídica debe reconocerse también en el debido respeto de las condiciones, circunstancias y garantías en que se han hecho las inversiones. Lo que ha permitido el desarrollo de tecnologías que han situado a España en posiciones de liderazgo e indiscutible reconocimiento. Más aún cuando los inversores no concentran exclusivamente sus actuaciones en el ámbito energético, sino también en sectores imprescindibles para el desarrollo de infraestructuras y la estabilidad financiera ante los mercados internacionales.
3.- Valoren el impacto de reducciones de ingresos o cargas fiscales adicionales –ya de por sí insoportables en el actual modelo energético renovable– en cualquier modelo económico estable y de regulación respetable y respetada. Pueden conducir, tras los recortes impuestos arbitrariamente por el anterior gobierno y la moratoria reciente, a una crisis financiera y a la entrada en muchos casos en situaciones de insolvencia y morosidad.
Fundación Renovables
Para la Fundación, “la creación de una tasa a la generación renovable además de disparatada supondría
el descrédito total de la seguridad jurídica de nuestro país. El contenido de esas medidas ni ha sido objeto de un proceso de diálogo con los agentes del sector ni ha sido informado por los órganos competentes como la Comisión Nacional de la Energía, Consejo Consultivo de la Electricidad incluido”.
“Lamentablemente tampoco es parte de una estrategia energética a medio y largo plazo, en línea con las hojas de Ruta 2050 de la UE, estrategia vergonzosamente inexistente y cuyo solo enunciado invalidaría acciones como esta. Ningún responsable del área energética, ni de la económica, han dado la mínima información sobre las intenciones del ejecutivo y solo existen algunas filtraciones a los medios de comunicación (ni confirmadas ni desmentidas) que, excepcionalmente y por su gravedad, merecen una llamada de atención al Gobierno para que no incida en el error que supuso el RDL 1/2012, norma que cercena el desarrollo futuro de las renovables, asestando ahora un golpe que, de ser ciertas las informaciones aparecidas, sería mortal para las instalaciones ya en funcionamiento y que una vez más merecería la reprobación comunitaria”.
El comunicado de la Fundación Renovables incide en varios puntos que publicamos textualmente:
En primer lugar, la creación de una tasa a la generación renovable es un disparate normativo, un verdadero fraude de ley, pues supone quitar a los promotores renovables una parte de lo que el mismo BOE le ha otorgado en concepto de incentivos para internalizar sus beneficios medioambientales y estratégicos. Es aplicar una retroactividad encubierta tratando de evitar una nueva avalancha de recursos en los tribunales”.
En segundo lugar provocará la ruina de un gran número de empresas y particulares que en su día hicieron una inversión para poner en marcha sus proyectos, confiando en una retribución fijada en función de unos determinados costes. Esta ruina de buena parte de las empresas complicará aún más la situación de la banca española que solo en el caso de la fotovoltaica tiene un riesgo adquirido de más de 15.000 millones de euros.
En tercer lugar, esta decisión supondrá enterrar definitivamente el ya maltrecho crédito de la seguridad jurídica en nuestro país, alejando definitivamente a los inversores no solo de este sector sino de cualquier otro. La ausencia de información, de diálogo con el sector, el recurso al RDL sin tramitación parlamentaria y la proliferación de normas constituyen un conjunto de factores que están haciendo de la incertidumbre regulatoria la principal característica del sector energético cuando lo que requiere es precisamente lo contrario.
La medida sería además contradictoria con la política energética europea, que tanto en la Directiva de Renovables como en la reciente Hoja de Ruta de la Energía establece que la opción prioritaria son las energías renovables. No tiene ningún sentido añadir nuevos obstáculos, en este caso la pretendida tasa, a las fuentes de energía que es necesario impulsar para que desplacen a las demás.
La pretensión del Gobierno de presentar esta decisión como justicia salomónica, tal y como ha trascendido, al imponer la tasa también a la generación convencional, es una auténtica falacia no solo por los arbitrarios coeficientes que supuestamente se aplicarían sino también porque mientras las tecnologías renovables han realizado unas inversiones que están muy lejos de estar amortizadas, en el caso de las dos tecnologías convencionales más afectadas por esta medida –la nuclear y la gran hidráulica– es reconocido que, malabarismos contables aparte, sus inversiones iniciales están amplia y suficientemente amortizadas y llevan años beneficiándose del precio marginal del mercado con unos costes de operación muy bajos. Además el sector convencional puede trasladar inmediatamente esa tasa al precio del mercado mientras que en el caso de las tecnologías renovables incidirá directamente y de forma definitiva en muchos casos en la cuenta de resultados.
Por último, la Fundación Renovables reclama que, si finalmente se impone el criterio de corresponsabilidad del sector energético, el llamado céntimo verde, para que todos los consumidores energéticos contribuyan al esfuerzo que está haciendo el sector eléctrico para una mayor penetración de renovables, esfuerzo que en el transporte y el consumo energético en edificios no se está haciendo, tenga ese carácter finalista y no se desvíe a reducir el déficit público, lo que supondría mantener las tensiones en el sistema eléctrico.
El error de partida es que el Gobierno sigue considerando las renovables como un lastre cuando es en realidad una solución a los principales problemas que se le reconocen a nuestro modelo energético: su alta dependencia del exterior, su coste en la balanza comercial y su alto nivel de emisiones. Las medidas que han trascendido llevan camino, como las precedentes de este Gobierno y del anterior, de ser parches que no solucionaran nada y menos el déficit de tarifa.
La Fundación Renovables considera imprescindible una reforma a fondo del sistema eléctrico, con un mercado trasparente y justo que incorpore las externalidades positivas y negativas de cada una de las tecnologías. Para ello reclama un acuerdo de las principales fuerzas políticas para abordar definitivamente los principales retos que tiene planteado el sector energético con una visión a medio y largo plazo y que abandone el cortoplacismo y la improvisación que han caracterizado la actuación en este ámbito tanto de este como del anterior Gobierno. Es condenable que en lugar de aprovechar la oportunidad que el ahorro, la eficiencia, las renovables, la rehabilitación energética de los edificios y, en general, la optimización del sistema energético para salir de la crisis se camine en dirección contraria para ahondar en la misma en contra de los intereses de la sociedad.
