El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves la ley para una industria de cero emisiones, que agiliza los trámites burocráticos y acortar los plazos temporales para potenciar la fabricación de tecnologías limpias, con 361 votos a favor, 121 en contra y 45 abstenciones. El objetivo es que en la Unión Europea se fabrique al menos el 40% de las necesidades anuales de despliegue de tecnologías estratégicas, como paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, baterías o bombas de calor, en 2030 para huir de dependencias de terceros países y no perder la carrera frente a rivales como China o Estados Unidos.
El plazo de entrega de un permiso para construir o ampliar grandes proyectos de fabricación de estas tecnologías superiores a 1 gigavatio (GW), así como los no medidos en gigavatios, será de un máximo de 18 meses, mientras que para los proyectos de menor tamaño (por debajo de 1 GW), el plazo para entregar el permiso será de 12 meses. También se establecerán plazos más cortos para proyectos estratégicos e independientemente de los plazos, el procedimiento garantizará que dichos proyectos sean seguros y ambientalmente sostenibles y que cumplan con los requisitos ambientales, sociales y de seguridad. Además, la contribución a la sostenibilidad ambiental será un requisito mínimo obligatorio, mientras que la contribución a la resiliencia se aplicará si existe una dependencia de un tercer país superior al 50% para una tecnología de cero estratégica específica o para sus componentes. Este criterio sólo se tendrá en cuenta si la Comisión ha evaluado primero el nivel de dependencia de cada tecnología de un tercer país en particular.
La nueva ley establece también que cuando un Estado miembro diseñe una subasta para el despliegue de tecnologías de energías renovables podrá aplicar criterios tanto de precalificación como de adjudicación que no estén relacionados con el precio, como la sostenibilidad ambiental, la contribución a la innovación o la integración de los sistemas energéticos. Estos criterios deberán aplicarse al menos al 30% del volumen subastado cada año por Estado miembro, mientras que la Comisión definirá los criterios de contratación y subasta y revisará el volumen subastado a la luz de una evaluación del funcionamiento del sistema.
