El informe Silent Killers (asesinos silenciosos) analiza los impactos que provoca en la salud de los europeos la quema de carbón en 300 de las mayores centrales térmicas del continente. Los datos del estudio, recopilados por una investigación de la Universidad de Stuttgart (Alemania), demuestran que las muertes prematuras relacionadas con la contaminación de estas instalaciones en el año 2010 ascendieron a 22.000 personas, y calcula que de materializarse las 50 nuevas centrales térmicas de carbón proyectadas en la Unión Europea, esta cifra aumentaría.
El informe pone de manifiesto que en España, donde destacan los datos de las grandes centrales propiedad de Eon, Enel-Endesa e Iberdrola, en ese año se produjo más de medio millar de fallecimientos prematuros, a pesar de que los datos corresponden a la etapa inmediatamente anterior a la entrada en vigor del Real Decreto que subvenciona la quema de carbón nacional, cuando esta fuente de energía ocupaba una parte más reducida del mix energético. El estudio también eleva a 120.000 los días laborables perdidos y a 5.800 los años perdidos en cuanto a esperanza de vida.
Greenpeace ha recordado que, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto de subvención a la quema de carbón nacional, España se ha convertido en uno de los países con mayores aumentos de emisiones y ha insistido en la viabilidad técnica y económica de un sistema energético basado íntegramente en energías renovables en 2050 que no sólo permitiría frenar el cambio climático, sino detener los impactos que los combustibles fósiles tienen en la salud.
El estudio también destaca que en los países más afectados por los impactos de estas instalaciones, como Polonia, Bulgaria o la República Checa, murieron más personas en 2010 a causa del carbón que por accidentes de tráfico.
“Las centrales térmicas de carbón emiten millones de toneladas de gases tóxicos y partículas que provocan graves impactos ambientales, económicos y sociales. Enfermedades respiratorias, cáncer o ataques al corazón, son algunas de las consecuencias de que nuestros políticos cedan a la presión de las grandes eléctricas para seguir explotando fuentes de energía obsoletas e innecesarias”, apunta Aida Vila, responsable de la Campaña Cambio Climático y Energía de Greenpeace.
La organización ecologista ha señalado que la reforma energética que está preparando el Gobierno debe ir en este sentido y hacer caso de las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía que en su último informe destaca la necesidad de eliminar progresivamente el carbón del mix energético para alcanzar las reducciones de emisiones necesarias para frenar el calentamiento global.
Para Greenpeace, esto tiene que suceder antes de 2040 y conseguirlo pasa por establecer un nuevo paquete de objetivos climáticos y energéticos europeos para 2030, en el que se incluya una reducción de emisiones del 55%, un 45% de implantación de renovables y objetivos de eficiencia energética vinculantes para asegurar una trayectoria ascendente en cuanto a protección climática y ambiental, pero también económica y social.
