Dos son los conceptos clave en la factura: la potencia contratada (que me permite enchufar más o menos aparatos a la vez sin que salten los plomos) y lo que uno consume, que unas veces es más, y otras, menos. Por la potencia pagamos equis, un fijo. Por el consumo, equis por tantos kilovatios hora como hayamos consumido. Pues bien, la reforma que está ejecutando el gobierno -empezó con ella el pasado sábado, con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 9 - prevé incrementarle un 125% el precio del término de potencia a los consumidores domésticos y un 75% a los industriales, según UNEF. ¿Objetivo? Matar el autoconsumo en el útero. Eso ha venido a decir el director general de esa asociación, José Donoso, en la rueda de prensa que dio ayer, junto a otros presidentes de patronales del sector de las renovables.
"Nuestra gran esperanza -ha dicho Donoso- era el autoconsumo; habíamos solicitado algo modesto: que nos autorizaran a instalar 100 MW el primer año... para que no se perdiera todo el know how acumulado. Y aquí se ha querido negar la posibilidad. Se ha incrementado el componente fijo de la tarifa, el término de potencia, más de un 120% a los consumidores domésticos; y un 75% a los industriales". ¿Y eso qué significa? Pues que se penaliza así "de forma deliberada" -dice UNEF- a los autoconsumidores, pues ese formidable encarecimiento "desincentiva los motivos que llevan a ejecutar la inversión". El fin último del autoconsumidor puro -explican desde la asociación- "no es mercantilista ni especulativo, sino de ahorro; el autoconsumidor quiere minorar el coste anual de su factura eléctrica pero, si la rentabilidad de la instalación de autoconsumo depende en mayor medida del derecho a usar la red que del uso que se haga de ella (consumo)... pues no se ejecutará dicha inversión". A continuación, cuadro de UNEF en el que la asociación compara el cómo está ahora la situación y qué propone el Ejecutivo Rajoy.
El gobierno quiere que el que use la red un 40% del tiempo pague como el que la usa el 100%
Pero la andanada de la reforma Soria-Nadal contra el autoconsumo va más allá, según contara ayer el director general de la Unión Española Fotovoltaica: "nos ponen peajes por la energía autoconsumida, por la que no sale a la red. El propósito es eliminar la competencia del sector FV con las grandes eléctricas, porque somos la única tecnología que podía haber competido. No es una reforma técnica; es una reforma ideológica; es una contrarreforma", ha dicho Donoso. Efectivamente, el artículo 9 del anteproyecto de la norma de autoconsumo que está circulando dice que "el régimen económico de las modalidades de autoconsumo será establecido reglamentariamente por real decreto de Consejo de Ministros y tendrá por finalidad la contribución de la energía autoconsumida a la cobertura de los costes y servicios del sistema eléctrico en los mismos términos que la energía consumida por los otros sujetos del sistema"... En los mismos términos.
¿Conclusión?
Pues, según UNEF, una muy evidente: "la literalidad del artículo supone homogeneizar y repartir las cargas del sistema entre los consumidores, con independencia del uso real del sistema. Se discrimina así a aquellos consumidores que al consumir parte de la electricidad que producen dentro de su red interior apenas requieren de la red eléctrica, frente a otros que utilizan esta en todo momento". UNEF dice sí al peaje, pero por uso de la red, no por aquellos kilovatios que no salen a la red y son autoconsumidos: yo genero en mi tejado, consumo instantáneamente en mi casa y no uso para nada la red en ese instante. Según la asociación, "resulta aún más increíble que al autoconsumidor le obliguen a pagar por la energía autoconsumida los mismos peajes que al consumidor normal máxime cuando estos peajes incluyen algunos conceptos vinculados directamente al consumo eléctrico como es, por ejemplo, la retribución específica para la generación a partir de fuentes renovables".
Un retorno largo como una dictadura de 35 años
Otra consecuencia nefasta de esa formulación del decreto es, según UNEF, que desincentiva la eficiencia energética y promueve el despilfarro energético. La asociación considera que, al darle un mayor peso a la facturación del término de potencia (variable vinculada a la potencia contratada en el suministro) en detrimento del término de energía (variable vinculada al consumo), el gobierno está lanzando una señal de tarifa plana eléctrica al mercado. Y ello es así porque el real decreto que prepara el gobierno, además de incrementar por una parte el precio del término de potencia, resulta que, por otra, reduce el precio de la energía consumida (las rebajas van desde el cuatro al 68%). UNEF ha calculado el impacto que podría tener esa medida. Según la asociación, si ayer el coste de poner en marcha una instalación para autoconsumo podía ser recuperado en siete u ocho años (la energía que genera el tejado es electricidad que el autoconsumidor deja de pagarle a la gran eléctrica correspondiente), a partir de mañana, en el caso de ser aprobada tal cual está la propuesta, ese retorno se elevaría hasta los 35 años.
¿La definición de rentabilidad razonable? En manos del gobierno
Más allá del autoconsumo, y en otro orden de cosas, Donoso ha reconocido que la deuda eléctrica es un gran problema para España, pero ha añadido de inmediato que ese problema admite muchas soluciones y que el gobierno ha escogido "las más inadecuadas, porque, en lugar de repartir esfuerzos, en lugar de llegar a criterios razonables, lo que ha hecho es poner fuera de juego a sectores como el fotovoltaico ". El director general de UNEF se ha quejado por otra parte del oscurantismo de la administración, que no solo no ha contado con el sector a la hora de perfilar su reforma, sino que, además, aún no ha aclarado el significado exacto de la "rentabilidad razonable" que el Ejecutivo dice pretender para las energías renovables.
Ni los impuestos ni los costes financieros
El nuevo real decreto-ley, el del horizonte 7,5, de momento no va más allá de decir que "se instaura un régimen retributivo sobre parámetros estándar en función de las distintas instalaciones tipo que se establezcan". El problema es que el sector no sabe cúales son esos estándares. "Hasta que no conozcamos los costes estándar –ha dicho Donoso-, no podremos hacer un balance global de la reforma; lo que sí podemos hacer es una primera valoración: se nos está hablando de una rentabilidad del 7,5%, sí, pero sin tener en cuenta costes financieros y sin tener en cuenta impuestos". Además -ha concluido el director general de la Unión Española Fotovoltaica-, "por la redacción de los textos que ya tenemos... no pinta muy bien".
En la trastienda, el negocio de los bancos
En todo caso, Donoso ha señalado que si la rentabilidad razonable de la que habla el gobierno fuese realmente del 7,5%, el sector podría estar satisfecho, pues ahora mismo, con la Tasa Soria -el impuesto del 7% a la generación de electricidad que fuera aprobado hace unos meses-, la tasa de rentabilidad real ronda el 5,2%. El problema radica en el hecho de que la que el gobierno denomina "rentabilidad razonable" no tiene en cuenta -ha insistido- ni los impuestos ni los costes financieros. Y ahí está una de las claves: "proyectos que se financiaron a entre el uno y el dos por ciento, ahora van a tener que refinanciarse al 9%". Las asociaciones ayer reunidas en comparecencia de prensa han criticado el hecho de que el gobierno no haya contado con ellas para perfilar la reforma y sí lo haya hecho a lo largo de las últimas semanas, sin embargo, con las grandes eléctricas y los bancos.
