La Fundación Renovables (FeR) ha remitido a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de resolución en la que se insta al Gobierno a desarrollar la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico, “en cuanto a la regulación de las modalidades de autoconsumo o autoproducción de energía, de forma que no resulten penalizadas en comparación con el consumo ordinario de energía de la red”. La Fundación espera que un buen número de grupos parlamentarios asuma esta iniciativa y la presente para su debate.
Los pros
El texto que firma la Fundación afirma que el autoconsumo, "o autoproducción de energía eléctrica" acarrea ventajas tanto para el sistema eléctrico y la economía del país, como para la ciudadanía. Entre ellas, cita el ahorro económico en la factura de la luz para ciudadanos y empresas, el ahorro de pérdidas de electricidad en las redes de distribución, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reactivación de los sectores de la edificación y de las energías renovables, la consecuente creación de empleo y la reducción del precio mayorista de la electricidad. Además -dice-, el autoconsumo da protagonismo al ciudadano en el sistema eléctrico.
El 18 de julio, a golpe de decreto
La Fundación rechaza el contenido del proyecto de Real Decreto hecho público por el gobierno el pasado 18 de julio porque establece "obstáculos prácticamente insalvables" para el autoconsumo. Lo hace de dos maneras: ignorando el balance neto –"fundamental para su desarrollo", según la Fundación– y penalizando a los productores con la fijación de "un peaje de respaldo superior al coste de la energía en el sistema". Así, la propuesta que hace el Ministerio de Industria es, según la Fundación, "contraria a la tendencia existente en la evolución de los países de nuestro entorno".
En el limbo
La FeR también critica la situación de "modo espera" (o secuestro) en la que se halla el autoconsumo, que no solo sigue sin regulación (nueve meses después de presentado aquel proyecto de real decreto), sino que ahora vive (desde el 18 de julio) bajo la amenaza del peaje de respaldo: "entendemos que no puede prolongarse el actual limbo legal en el que se encuentra esta modalidad de generación", dice la Fundación, que acusa al Ejecutivo de "complicidad con aquellos que ven en el autoconsumo una amenaza para su negocio actual" (en muy probable referencia a Unesa).
Sí al balance neto
Por todo ello, la Fundación anima al Congreso a que inste al Gobierno a regular el autoconsumo, o autoproducción de energía, en el marco de la recientemente aprobada Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico. En ese marco y "de forma que no resulte penalizada en comparación con el consumo ordinario de energía de la red". A estos efectos -explica la FeR-, el futuro Real Decreto "habrá de contener una previsión expresa de la posibilidad de aplicar el balance neto, ya que no lo impide la regulación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico".
No al peaje de respaldo
Por otra parte, la FeR apuesta porque el futuro Real Decreto no incorpore "ninguna medida" que suponga que el autoconsumidor deba asumir mayores obligaciones que el consumidor de la red de distribución, "por lo que no se incluirá referencia alguna a pretendidos peajes de respaldo". En esta línea -dice la Fundación-, el artículo 9.3 de la Ley 24/2013 "se interpretará en el sentido de que los autoconsumidores o autoproductores han de participar con 'los mismos' –no superiores– peajes, cargos y costes que correspondan a un consumidor no sujeto a las modalidades de autoconsumo".
Y a la mayor brevedad posible
Por último, la propuesta de resolución que ha remitido la Fundación Renovables a todos los grupos parlamentarios del Congreso insta a elaborar el Real Decreto que regule el autoconsumo, o autoproducción de energía, "con el contenido señalado, con carácter inmediato, de forma que pueda aprobarse y entrar en vigor sin más demora y así dar respuesta a la ciudadanía que se encuentra a la espera de concreción de los trascendentales aspectos señalados". El gobierno se autoimpuso un plazo de cuatro meses para regular el autoconsumo. Ese plazo expiró en abril de 2012. [Foto: antoniocastellano.es].
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