Aprean emprende esta acción judicial contra las medidas adoptadas por el Gobierno central porque entiende que "ambas disposiciones de carácter general y con evidente conexión directa entre sí son contrarias a Derecho y gravemente lesivas para los legítimos derechos e intereses colectivos de las empresas de renovables andaluzas". La patronal de las renovables en Andalucía fundamenta el recurso interpuesto en "la retroactividad de las medidas puestas en marcha por la Administración, que, además de estar fuera de Derecho, han creado inseguridad jurídica, han dañado las inversiones existentes y han encarecido la financiación de los proyectos mediante la imposición de duros recortes retroactivos sobre las tarifas que el propio Gobierno aprobó".
Más de 400 millones de euros perdidos
Igualmente, Aprean considera que "el concepto de rentabilidad razonable, recogido en la Orden de parámetros retributivos respecto a las instalaciones con derecho a régimen económico primado, dista mucho de ser real, pues realmente se ha producido una pérdida de lo que razonablemente es rentable; valor que ya venía marcado por el marco retributivo hasta entonces existente en España y que ahora lo fija el Gobierno español muy por debajo de las cifras que determina la Unión Europea". Por otra parte, Aprean basa también el recurso ante el Supremo "en las injerencias cometidas por el Gobierno central en las legítimas competencias de las comunidades autónomas y en concreto en las propias de la Junta de Andalucía". La asociación estima que esas medidas, "contrarias a Derecho", han provocado la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo y de más de 400 millones de euros de inversión.
