APPA afirma que la nueva metodología no respeta la legalidad vigente ni apoya a las renovables

La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA, en reunión de su Junta Directiva, ha aprobado las alegaciones al borrador del Real Decreto de Nueva Metodología de Tarifas para el Régimen Especial, norma que ha elaborado el Ministerio de Economía y del que tiene que informar próximamente la Comisión Nacional de la Energía.

En un amplio documento APPA reitera las reservas anunciadas anteriormente porque el análisis detallado del articulado de la norma propuesta, de cuyo contenido fue informada en un primer momento de forma verbal por parte del secretario de Estado de Energía, revela graves deficiencias jurídicas, técnicas y políticas que anulan el deseo de la Administración, reconocido en su momento por APPA, de ofrecer más estabilidad al sector.

APPA considera que la nueva metodología viola en varios puntos esenciales preceptos de la Ley del Sector Eléctrico(LSE) 54/1997 con el resultado de empeorar el marco normativo en que se desarrollan las renovables. “La norma elaborada por la Secretaría de Estado anula la posibilidad de que los productores puedan acogerse al precio final de mercado más la prima establecida, en el que, por ejemplo, están la práctica totalidad de los productores eólicos y un gran número de los hidráulicos”, afirma la asociación.

Muchos temas cuestionables
Según APPA, “tampoco se ajusta a nuestra normativa vigente la disposición adicional que prohibe el cobro del complemento por garantía de potencia a las instalaciones que no acudan al mercado y la sorprendente extensión de esta prohibición a las instalaciones eólicas aun en el caso de presentar ofertas al mercado. También consideramos contrarias a derecho las disposiciones transitorias sobre las instalaciones acogidas a los reales decretos 2366/94 y 2818/98 por modificar condiciones de los decretos citados”.

“Como APPA hizo saber en su momento, va en contra de una norma general de derecho el pretender aplicar con carácter retroactivo el nuevo sistema de retribución con perjuicio claro para los promotores que realizaron sus inversiones en condiciones muy distintas a las que ahora se pretenden establecer”.

Para APPA “es especialmente alarmante la lamentable pérdida de una ocasión espléndida para impulsar la biomasa como tecnología de producción de electricidad. Ante la propuesta del Gobierno de desnaturalizar el carácter renovable de la misma con la autorización de emplear combustibles fósiles en proporciones desmesuradas, rebajar la retribución del kWh y seguir ignorando las otras dos vías contempladas en el Plan de Fomento como son las subvenciones a las nuevas instalaciones (justificadas por su carácter experimental) y a la materia prima (combustible vegetal) en políticas agrícolas, APPA no puede más que reiterar su pronóstico de un flagrante incumplimiento del plan aprobado por este mismo Gobierno hace apenas cuatro años”.

Ninguna señal positiva
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA considera que “la nueva norma no ofrece la señal positiva que reclamábamos y tampoco conseguirá su intención de empujar a los promotores al mercado puro y duro, mercado del que se nos alejaba en la Ley promovida y aprobada por este mismo Gobierno con el consenso del resto de las fuerzas políticas, en cuanto a renovables se refiere”.

APPA ha señalado que la buena voluntad del Gobierno de ofrecer una mayor estabilidad al sector de las renovables no se conseguía sustituyendo un sistema consagrado en una ley y en su posterior desarrollo normativo, que permitió a España situarse como segunda potencia eólica mundial, y mucho menos a través de una nueva norma con rango de decreto. “El camino debe ser perfeccionar lo que funcionaba y no crear un sistema más complejo, injusto e ilegal en muchos apartados y con muchas incertidumbres económicas”, señala APPA en su comunicado.

Los responsables de APPA dicen sentirse “especialmente sorprendidos porque la disposición adicional cuarta, sin ninguna justificación, permita a las grandes compañías eléctricas incorporar al Régimen Especial instalaciones del régimen ordinario, que se han beneficiado del ‘marco legal estable’, de los costes de transición a la competencia (CTC), etcétera, ya pagadas más de una vez y que ahora pasarían a cobrar una retribución superior”.

Para los productores renovables “se trata de un incumplimiento de la legalidad por el que se ‘regalaría’ a dichas compañías unos inmensos recursos financieros anuales para siempre (hablamos del orden de 96 millones de euros que se doblaría en pocos años), mientras que por otro lado se argumenta que el coste de las primas a las renovables es insostenible para el sistema”.

Por último, APPA se muestra segura de que el análisis detallado del texto propuesto por el Gobierno “permitirá su reconsideración, recobrar la unidad del sector en la defensa de nuestros intereses –que, en este caso, son los de la sociedad en su conjunto–, acallar las críticas que nos señalaban como una voz discordante en la precipitada aprobación de algunas instancias ante la propuesta gubernamental y reforzar nuestras tesis”. APPA dice que sus reservas “se fundamentaban en un juicio sereno de la información recibida y hoy nos reafirmamos en la valoración con un desarrollo riguroso en nuestras alegaciones ante la CNE que están a disposición de la opinión pública”.

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