Los hechos denunciados se produjeron entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. Y provocaron un escándalo de tal magnitud que el entonces ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, tuvo que pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación urgente para esclarecer si había sido manipulada la subasta del mercado eléctrico celebrada el 19 de diciembre.
La CNMC acabó imponiendo una multa de 25 millones de euros a Iberdrola en noviembre de 2015, al considerar probada la manipulación. Se hizo incrementando de forma fraudulentamente el precio de la energía producida por las centrales hidroeléctricas de las cuencas del Duero, Tajo y Sil,
Según publica El País, la Guardia Civil hizo ayer registros en las sedes de la compañía en Madrid y Bilbao. Iberdrola defiende que en este asunto “su comportamiento fue perfectamente racional y legítimo” y que Competencia interpretó los hechos “de una manera sesgada e incorrecta”. La eléctrica asegura que ha facilitado toda la información requerida por los agentes y que básicamente es la misma que ya entregó a la CNMC.
En su escrito de denuncia el fiscal Antonio Romeral explica que Iberdrola, “con la finalidad de lucrarse ilícitamente, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Y lo hizo “sin causa legítima que lo justificara”.
La consecuencia “del artificio urdido y llevado a cabo por Iberdrola fue la subida del precio de la energía eléctrica en, aproximadamente, siete euros megavatio/hora, que aplicados a la energía programada y vendida por la denunciada en el período temporal antes referido —2.965 GWh—, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros”, destaca el fiscal. Los directivos de Iberdrola denunciados se enfrentan a una pena entre uno y cinco años de cárcel.
