Desde Anpier se percibe el cambio de Ejecutivo y la llegada de Teresa Ribera como "una esperanza para el sector renovable español en general, y para la democratización de la generación en particular. De todos los avances que se logren en esta materia, será la Sociedad española en su conjunto la más beneficiada, por lo que Anpier estará siempre en disposición de realizar aportaciones".
"En los últimos años, asistimos a un apasionante proceso de transformación en la forma de producir, distribuir y consumir energía. Anpier advierte de que cualquier error o retraso en el diseño de nuestro futuro modelo energético tendrá consecuencias nefastas, tanto para nuestra economía como para el bienestar de nuestra sociedad y el equilibrio medioambiental local y global".
¿Quienes poseerán esta nueva riqueza?
En los próximos años asistiremos a una constante sucesión de proyectos renovables, afirma Anpier. "Nada hay que objetar al respecto", dicen desde la asociación, "salvo una cuestión de gran trascendencia: ¿Quiénes serán los propietarios de esta nueva riqueza? ¿Monopolizarán la propiedad de la generación unas cuantas empresas multinacionales en exclusiva o tendrán cabida pequeñas y medianas iniciativas? nuestro ordenamiento podrá disponer condiciones inaccesibles para los ciudadanos y pymes o establecer condiciones que permitan socializar los ingresos que genera el sector energético".
Las derivadas de optar por uno u otro modelo son muy distintas. "En el primero de los supuestos nos encontraremos con que los miles de millones de euros que pagamos todos los españoles a través de la factura de la luz quedarán en manos de unos cuántos CIF de colosos empresariales, que no dejan en el territorio más que algún patrocinio deportivo o cultural", asegura Anpier.
"Con el segundo, la realidad sería bien distinta: cuanto más socializada esté la generación, más riqueza quedará en manos de ciudadanos, en manos de decenas de miles de DNI, que podrán participar de iniciativas empresariales de generación a pequeña escala, que aporten ingresos, y de instalaciones de autoconsumo, que aporten ahorro".
"Si la sociedad se empobrece, el bienestar se reduce, el consumo y el empleo se deprimen y la recaudación por parte de las Administraciones se resiente, y con ellas los servicios públicos y prestaciones sociales", prosigue la asociación. "Además, para mantener unos mínimos en política de vertebración territorial y asistencial sería preciso soportar una mayor presión fiscal. De esta manera, si los ingresos que realizamos cada mes para pagar la luz fueran a la sociedad de forma organizada, lograríamos un efecto positivo en nuestra economía local y, por ende, en la capacidad presupuestaria de políticas públicas; por el contrario, si lo que destinamos cada mes a energía se lo llevan cuatro empresas, tendremos que hacer un esfuerzo adicional en forma de mayores aportaciones al erario público".
A juicio del presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “esta es la disyuntiva que ha de resolver el nuevo Gobierno, ha de fijar la clave de la propiedad de nuevo modelo de generación energética, que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética”.
Martínez-Aroca concluye subrayando que “no se puede mirar al futuro sin resolver el tremendo error que se cometió en el pasado. Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del Planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese. Por eso es imprescindible devolverle a este colectivo la seguridad jurídica”.
