Así lo ha puesto de manifiesto AI este martes a través de una nota en la que recuerda que el pequeño estado de golfo Pérsico que acogerá en breve la COP28 "se opone a la rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles", dado que son una potencia petrolera a la que le interesa "bloquear una transición justa hacia las energías renovables" que permita abandonar un modelo productivo basado en el oro negro que genera "una enorme riqueza unos pocos países y actores corporativos".
Emiratos Árabes Unidos, una potencia petrolera
De hecho, La COP28 está presidida por Sultan Al Jaber, quien también es el director ejecutivo de la empresa estatal de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, que está ampliando su producción de combustibles fósiles, denuncian desde AI, que insta a Al Jaber a dimitir de ADNOC, porque consideran que "se trata de un flagrante conflicto de intereses que amenaza el éxito de la COP28" y constituye un "síntoma de la creciente influencia que el lobby de los combustibles fósiles ha podido ejercer sobre los estados y la COP".
En este sentido, Marta Schaaf, directora del programa de Amnistía Internacional para el clima, la justicia económica y social y la responsabilidad corporativa, ha señalado que "Sultán al-Jaber no puede ser un intermediario honesto en las conversaciones sobre el clima cuando la empresa que dirige planea causar más daños climáticos". Además, desde que fue anunciado como presidente designado de la COP28 el pasado mes de enero, Sultan al-Jaber ha dicho que "las preocupaciones climáticas nunca deberían comprometer el crecimiento económico" y "ha descrito el gas natural –una parte central de los planes de expansión de ADNOC cuyo ingrediente principal es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono– como un componente crítico en la transición hacia la energía sostenible", denuncia Schaaf.
Amnistía Internacional critica también que "parte del personal de ADNOC haya sido adscrito al equipo organizador de la COP28", una influencia que aumenta las preocupaciones entre las organizaciones de la sociedad civil de que esta crucial conferencia climática esté siendo "secuestrada por la compañía petrolera estatal y sirva a intereses más amplios de los combustibles fósiles". Por ello, piden que el presidente designado, Sultan al-Jaber, renuncie a la compañía petrolera estatal y que los organizadores de la COP28 incluya "la eliminación gradual de los combustibles fósiles entre sus prioridades para la conferencia".
Derechos humanos y cambio climático
Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, pero a medida que la crisis climática se intensifica, este derecho, y otros, se encuentran bajo una creciente amenaza, advierte la organización. El cambio climático empeora las sequías, daña las cosechas y aumenta el precio de los alimentos y, después de décadas de disminución constante, el hambre en el mundo ha vuelto a aumentar. AI recuerda que esta escasez aumenta la competencia por los recursos y puede causar desplazamientos, migraciones y conflictos, lo que lleva a otros daños a los derechos humanos.
A menudo son las comunidades ya vulnerables, que utilizan menos combustibles fósiles, como los agricultores de subsistencia, los pueblos indígenas y los que viven en estados insulares que se enfrentan al aumento del nivel del mar y tormentas más poderosas, quienes soportan la peor parte del cambio climático, y sus derechos a la salud, la vida, la alimentación y la educación se ven con mayor frecuencia comprometidos. Habitualmente, el daño causado por la extracción de combustibles fósiles y el cambio climático a menudo cae desproporcionadamente en las llamadas "zonas de sacrificio", donde a menudo las comunidades ya marginadas están sujetas a una contaminación nociva.
Por ello, desde AI reclaman un acuerdo "para la eliminación rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles en la COP28" que permita proteger los derechos humanos. Para ello, "los gobiernos y los líderes empresariales pueden y deben hacer mucho más para detener el creciente desarrollo de recursos de combustibles fósiles, que es incompatible con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5°C".
Emiratos Árabes Unidos
Además, instan a todas las partes a que presionen al país anfitrión para que reforme su "pésimo historial en materia de derechos humanos" y garantice una reunión exitosa. En concreto señalan que "la sociedad civil y sus derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y reunión pacífica, libertades esenciales para el éxito de una conferencia, están notoriamente ausentes en los Emiratos Árabes Unidos". La ley emiratí prohíbe criticar “al Estado o a los gobernantes” e impone castigos, incluida la cadena perpetua o la pena de muerte, por asociación con cualquier grupo que se oponga “al sistema de gobierno” o por “delitos” como “dañar la unidad nacional” o “los intereses del Estado”, unas normas que limitarán el espacio cívico en la cumbre e impedirán a las organizaciones de la sociedad civil manifestar sus demandas con libertad.
Artículos relacionados
