En un contexto de recortes a las renovables en España y en vísperas de la cumbre de cambio climático donde el Gobierno habrá de cerrar compromisos de reducción de emisiones, Amigos de la Tierra lanza este documento, dirigido a legisladores, técnicos y políticos, en el que resalta la urgencia de situar a los ciudadanos en el centro de la transición hacia una sociedad baja en emisiones de CO2.
En el informe se remarcan los actuales retos a los que se enfrenta la participación ciudadana para desarrollar proyectos basados en energías renovables gestionados de forma colectiva, una batería de recomendaciones para avanzar hacia un nuevo modelo energético con la energía comunitaria como pilar de base.
Algunas de las recomendaciones políticas que incluye la publicación son la derogación del actual Real Decreto de Autoconsumo, los beneficios del sistema de balance neto, así como incentivos fiscales y ayudas al crédito para generar un entorno estable para inversiones en renovables y eficiencia energética. A su vez se señala cómo se pueden establecer exenciones fiscales de un 50% a nivel local y regional para aquellas personas o entidades que generen o usen energías renovables, por ejemplo.
En palabras de Hector de Prado, responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, “la energía comunitaria es un término amplio y en evolución, que en esencia se refiere a la titularidad local y de la ciudadanía, y a su participación tanto en la generación y distribución de energía renovable como a la hora de fomentar la eficiencia energética”. Esta participación y apropiación puede tener “distintas formas organizativas que van desde hogares y comunidades de vecinos, a empresas sociales, cooperativas y municipios”.
Este informe, elaborado a lo largo de 2015, está enmarcada en el proyecto pan-europeo “Community Power”, con financiación del Programa de Energía Inteligente de la Unión Europea, se publica en un momento en el que “la seguridad jurídica en el sector de las renovables en España brilla por su ausencia”, a pesar de las recomendaciones europeas que instan a establecer un marco jurídico propicio para el sector: más seguridad, más coherencia de políticas de clima y energía, y más participación ciudadana.
De Prado afirma que “a menudo nos damos cuenta que las autoridades municipales no llevan a cabo iniciativas de este tipo por miedo o por desconocimiento, pero la realidad es que tanto a nivel local como regional, existe la capacidad de aplicar exenciones fiscales. Y en el caso del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), para mejorar la eficiencia energética, esta cifra puede alcanzar un 95% si hablamos de construir instalaciones o equipos de energía solar”.
La asociación ecologista está haciendo llegar un resumen ejecutivo de esta publicación a distintos ayuntamientos así como a diputados, con el fin de abrir un diálogo preliminar que ayude a sentar las bases de una legislación dirigida a la participación ciudadana en términos de generación y distribución de energía limpiar.
