En las primeras entrevistas de ayer a dos de las grandes triunfadoras de la noche del domingo, Ada Colau y Manuela Carmena, ambas hablaron de la urgencia de planes de rescate ciudadano. Y citaron expresamente la pobreza energética como uno de los males que hay que atajar lo antes posible.
Los analistas han comenzado a hacer cábalas sobre las implicaciones energéticas de la ‘victoria’ del PP. El partido más votado tendrá, en todo caso, que abandonar el gobierno de muchas ciudades y comunidades autónomas donde lo hacía hasta ahora, porque, previsiblemente, la oposición tendrá más fácil que el PP alcanzar mayorías.
Por ello, publica hoy eldiario.es citando a un analista del sector, “en las empresas energéticas estarán nerviosos”. Y hablan de convulsión sin paliativos. “Las propuestas energéticas lanzadas por las candidaturas de unidad popular para las municipales, y las incluidas en los programas electorales para las autonómicas de los dos partidos que parecen condenados a entenderse en ese ámbito, Podemos y el PSOE, por otro, permiten dibujar un escenario muy diferente al actual en este ámbito”.
El propio Morales de Labra apostilla que “si nos creemos que los partidos cumplen sus programas electorales, sin duda, van a cambiar cosas en el mundo de la energía”. En el horizonte aparece otra cita vital: las elecciones generales de final de año. Porque, no lo olvidemos, las grandes líneas de la política energética del país las marca el gobierno central.
Aunque tampoco nos gusta olvidar que “los ayuntamientos serán los actores principales del cambio de modelo energético en España, más que el resto de administraciones”, como argumenta Javier García Breva. En abril, la Fundación Renovables y la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético lanzaban ‘Municipios Sostenibles’, propuesta específicamente dirigida a los partidos políticos, para que asuman en sus programas municipales, 12 medidas básicas de cambio de modelo energético.
¿Qué pasará ahora con el real decreto de autoconsumo que tiene al sector de las renovables en vilo desde hace años? ¿Se atreverán Soria y Nadal a aprobarlo en los próximos meses? ¿En qué situación quedan los numerosos proyectos de fracking ubicados en comunidades autónomas como Aragón, Cantabria o Asturias donde ya no gobernará el PP?
A los retrasos que acumula el almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) vendrán a sumarse nuevas dudas si PSOE y Podemos se alían para gobernar Castilla–La Mancha. Y parece probable que así sea. Porque las obras del almacén temporal centralizado (ATC) pueden buscar contraprestaciones en la política ligada a las centrales nucleares. No olvidemos que el PP se ha mostrado dispuesto a alargar la vida útil de estas centrales hasta los 60 años. Y el cierre o la actividad de la nuclear de Garoña (Burgos) sigue pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
¿Qué ocurrirá con la inseguridad jurídica en la que se han visto envueltas 60.000 familias propietarias de instalaciones fotovoltaicas? ¿Cambiarán las propuestas de movilidad en nuestras ciudades hacia modelos más sostenibles? ¿Recibirá un empujón el vehículo eléctrico? ¿Crecerá la apuesta por el uso de la biomasa? Hay montones de frentes abiertos que pueden notar ya cambios. Aunque es cierto que el cambio principal tendrá que esperar unos meses. Tal vez entonces este país comience a tomarse en serio la necesidad de hacer política energética, de ver dónde estamos, qué queremos y cómo lo hacemos. Y no dejar que el día a día lo sigan marcando media docena de grandes empresas, eléctricas y petroleras, como ha sido hasta ahora.
En noviembre de 2014 nuestro editorial, ‘Para escándalo, el energético’ acababa así: “En medio de este panorama la patronal de las eléctricas, Unesa, dice estar ‘aterrada’ con las propuestas energéticas de Podemos. Puede que sea la única buena noticia del mes pasado. Sobre todo si el año que viene se confirma que tienen motivos para estarlo”.
Y nos da la impresión de que se va confirmando.
