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Las comercializadoras independientes solicitan al Gobierno reorientar las medidas que afectan a la comercialización eléctrica

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La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía pide al Ministerio que no prorrogue la normativa que fomenta la contratación intragrupo de los dominantes por debajo de 67 €/MWh, al establecer unas reglas de juego en la comercialización, a las que no pueden acceder. Los comercializadores independientes informan de que están perdiendo miles de clientes en favor de las empresas dominantes desde septiembre de 2021, y el proceso liberalizador iniciado en 2009 se está desandando de forma dramática
Las comercializadoras independientes solicitan al Gobierno reorientar las medidas que afectan a la comercialización eléctrica

Tras la aprobación ayer de las propuestas definitivas de medidas de emergencia europeas que establecerán un límite retributivo a las renovables de 180€/MWh, los comercializadores independientes vuelven a requerir al Ministerio, "que no se prorroguen medidas como las aprobadas en el RDL 17/2021 y RDL 10/2022 en tanto fomentan acuerdos intragrupo de generación y comercialización de los operadores dominantes a precios muy por debajo del mercado spot y del mercado de futuros". "La solución pasa por no permitir los contratos de largo plazo intragrupo u obligar a los grupos dominantes del sector a subastar parte de su energía generada de forma accesible a todos los comercializadores", indican desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE).

El año pasado -informa ACIE- se estableció que toda planta de generación de más de 10MW de potencia, que no utilizara gas para la producción de electricidad, debía devolver los beneficios extraordinarios obtenidos por el incremento del precio del mercado; consecuencia a su vez, del incremento del precio del gas (windfall profits). La recaudación de estos importes extraordinarios tenía por finalidad reducir los cargos del sistema eléctrico de tal modo que la factura de suministro eléctrico se redujera para todos los consumidores. Sin embargo, parte de la energía de estas plantas "ya estaba vendida a unos precios inferiores a los del mercado por lo que esas plantas no estaban obteniendo ningún beneficio extraordinario". Para "enmendar" esto, el Gobierno reguló posteriormente algunas condiciones adicionales, "necesarias para que estas plantas pudieran quedar exentas de este pago": debían tener suscrito un contrato de compraventa –PPA- a más de 12 meses, ya estuviera firmado con anterioridad o con posterioridad a esta normativa; y el precio de venta de esta energía eléctrica debía ser inferior a 67€/MWh.

Con ello, el legislador "buscaba asegurarse de que o bien las empresas de grupos verticalmente integrados pagaran los beneficios extraordinarios, o bien que el precio de la electricidad suministrada a sus clientes fuera mucho menor que el de mercado". Sin embargo, esta regulación "ha propiciado que los grandes grupos dominantes en lugar de integrar sus beneficios de la generación en las arcas de Hacienda, hayan destinado los mismos en favor de la competitividad de sus áreas de comercialización, pudiendo ofertar precios a los que los comercializadores independientes no pueden llegar, ya que la generación independiente está siendo reacia a comprometer su energía en largo plazo con comercializadoras independientes", según ACIE.

La CNMC ya cuenta con datos reales de un retorno masivo de clientes tanto a las comercializadoras de referencia como a las unidades de comercialización no regulada de los grandes grupos dominantes. "La actual regulación no puede por tanto prorrogarse más allá del 31 de diciembre de 2022". ACIE lleva meses solicitando al Ministerio la convocatoria de subastas inframarginales donde los grandes grupos dominantes deban poner parte de su generación al servicio de agentes del sistema, al objeto de permitir una competencia real en la actividad de comercialización eléctrica.

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