El informe, obra de 70 autores, ha sido coordinado por José Ignacio Pérez Arriaga –autor del Libro Blanco de la Generación Eléctrica en España– y por la doctora en Psicología Social Ana Moreno Romero, que es profesora titular en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. La obra, de más de 500 páginas, examina la contribución de la tecnología al desarrollo humano de las comunidades rurales aisladas (CRA) y tiene como "finalidad", en palabras del profesor Arriaga, "promover iniciativas y soluciones que ayuden a impulsar nuevas formas de desarrollo en las comunidades y pequeños núcleos rurales que carecen de servicios esenciales tales como agua, telecomunicaciones y electricidad".
¿Subdesarrollados? ¿Según quién?
El título del estudio –"Tecnologías para el desarrollo humano de las comunidades rurales aisladas"– hace referencia explícita al desarrollo "humano" porque los autores no han querido ligar directamente el concepto de desarrollo al crecimiento económico medido en producto bruto. Por ello, han optado por "incorporar otras medidas que recogen factores sociales y ambientales más directamente asociados al bienestar de la gente, la equidad y la solidaridad con las generaciones futuras". Más aún, según el coordinador de la obra, "el subdesarrollo de una CRA no siempre requiere la intervención que, desde la perspectiva del mundo desarrollado, parece más adecuada. Una CRA que pudiera calificarse de subdesarrollada puede no sentirse necesitada de intervención, o puede demandar intervención en algunos aspectos puntuales y no en otros".
El problema es político
Ello, sin embargo –añade el profesor–, "no obsta para seguir afirmando que el acceso a las tecnologías apropiadas presenta un alto potencial de incremento de bienestar en las comunidades y puede ser un elemento clave para la erradicación de la pobreza y sus consecuencias. Pero ha de utilizarse la capacidad organizativa de las propias comunidades, pues una mejora tecnológica introducida en una CRA no será permanente si no es asimilada y asumida como propia por la comunidad beneficiada". Según los autores, por otra parte, el problema no radica en la falta de capital o de tecnología –"las tecnologías necesarias están disponibles"-, sino que "más bien se trata de problemas de carácter político, institucional, logístico, financiero, etcétera, que requieren análisis pormenorizados y un gran esfuerzo conjunto de toda la sociedad".
Tres objetivos principales
Según la coordinadora Ana Moreno, los objetivos que han orientado este trabajo son tres: analizar el papel que las tecnologías, tanto nuevas como existentes, pueden tener en el desarrollo de comunidades rurales aisladas; lanzar un debate en las administraciones, universidades y empresas involucradas en los distintos sectores afectados –suministro de agua, de energía, de comunicaciones y otras tecnologías básicas– sobre la necesidad de buscar y aplicar las tecnologías más adecuadas para resolver este problema de forma realista, tratando de recoger las diferentes perspectivas del norte y del sur; y reflexionar sobre el papel que juega la educación de los ingenieros e ingenieras en la generación de conocimiento y en la identificación de soluciones.
La estructura del informe
El estudio comienza con un bloque de tres capítulos que reflexiona sobre el "concepto de desarrollo humano", analiza los rasgos de las "comunidades rurales aisladas" y examina las características que deben reunir las "tecnologías apropiadas y la innovación" para el desarrollo humano. A continuación, la que Arriaga considera la parte principal del estudio examina "las contribuciones de las distintas tecnologías en la mitigación de las distintas carencias que sufren las CRA". Y ahí los autores empiezan por "el suministro de energía", pues, según Pérez Arriaga, "existe un consenso universal en que el acceso a formas eficientes de energía –electricidad para iluminación y comunicación, y combustibles y dispositivos adecuados para el calentamiento y el cocinado– es imprescindible para el desarrollo humano, la eliminación de la pobreza y el logro de los Objetivos del Milenio".
A continuación, enumeramos algunos de los muchos datos con que han trabajado los autores
Se estima que para 2030 habrá 1.200 millones de personas sin acceso a los servicios básicos de energía eléctrica. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a punto de llegar el plazo de 2015 fijado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio aún se requeriría, para conseguirlos, dar acceso a la electricidad a 395 millones y proporcionar cocinas eficientes a 1.000 millones más. El 85% de todas estas personas vive en áreas rurales.
Todavía hoy 2.700 millones de personas que habitan en países en desarrollo dependen de los combustibles tradicionales (leña, carbón vegetal, residuos agrícolas o residuos animales) para cocinar y calentarse y las proyecciones son que esta situación subirá a 2.900 millones en 2030 si no se ponen en marcha las acciones necesarias. La mayoría de estas personas viven en zonas rurales y muchas de ellas en comunidades aisladas. Cambiar esta situación es el segundo eje en el que se basa el uso de la energía moderna como factor para la eliminación de la pobreza y sus consecuencias.
La AIE estima que para cumplir los Objetivos del Milenio se requiere una inversión anual en el periodo 2010-2015 de 41.000 millones de dólares, o sea, el 0,06% del PIB mundial. Lograr el acceso universal a una energía moderna en el 2030 va a requerir un esfuerzo adicional de 756.000 millones de dólares, es decir, 36.000 millones de dólares anuales. Esto es menos del 3% de las inversiones globales de energía previstas en el escenario “Nuevas políticas” al 2030. El incremento del consumo de energía provocado por este objetivo tendrá un impacto modesto sobre la demanda de energía primaria y las emisiones de CO2. En 2030 la generación global de electricidad sería un 2,9% mayor, la demanda de petróleo subiría menos de un 1% y las emisiones de CO2 serían un 0,8% más altas.
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